El Cabildo debería ser el espacio más importante de deliberación de todo municipio, por su puesto, hablando de manera teórica. En ese sentido, en el mismo deberían discutirse responsablemente presupuestos, cuentas públicas, contratos y decisiones que impactan directamente a la ciudadanía.
En la práctica, muchas sesiones terminan convertidas en actos de trámite y, en algunos casos, en ejercicios de exclusión para regidores incómodos a la parte dominante. Y es que, normalmente, los acuerdos ya están lavados y planchados o existe premeditadamente tardanza en compartir los dictámenes antes de llegar a la hora de la votación.
Lo anterior no siempre puede ser ilegal, no obstante, sí puede ser visto como una representación vacía y muy empobrecida del debate público. En Durango, la reciente aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025 es un ejemplo de ello, y que obliga a observar el problema desde otra óptica.
Resulta que la cuenta fue aprobada por mayoría, con votación a favor de regidores del PRI, PAN y bueno, hasta de Morena, algo ya no tan difícil de creer en estos días. En contra y por no haber recibido el documento a tiempo para su evaluación, no sorprendió el voto de la regidora del Partido del Trabajo, Ma. del Socorro Páez.
También en contra estuvieron los regidores de Movimiento Ciudadano, Francisco Franco, coordinador; Mariana Verduga, Gloria Arreola y Alan Espinoza. Todos, menos Alfredo Varela, quien es vocal en la Comisión de Hacienda y quien por supuesto tenía conocimiento sobre la cuenta pública, empero no la compartió con sus compañeros de partido.
De acuerdo a fuentes cercanas a MC, el regidor Alfredo Varela fue evasivo con sus correligionarios cuando se le pidió compartir -cuando menos- detalles de la cuenta, para a partir de eso evaluar el sentido de la votación de la fracción de regidores emecistas. Seguramente, antes de eso, el Tesorero y la Síndico hicieron lo propio negándoles la información.
Más allá de la disciplina partidista, diferencias internas o hasta traiciones -lo que será tema de otro debate- de lo que se trata aquí es de responsabilidad institucional. Porque la cuenta pública no es un trámite político, sino un documento cuya aprobación o no, puede implicar efectos jurídicos para quienes voten y firmen a favor o en contra, según sea el caso.
La votación y la firma de los regidores constituyen una validación formal del manejo del gasto público de municipio. Su aprobación, sin revisión, puede derivar en observaciones de auditoría, procedimientos de responsabilidad administrativa e incluso inhabilitación hasta por veinte años, si se acredita daño a la Hacienda Pública.
El problema es que año con año se repiten las mismas escenas: el tesorero presenta cifras "cuadradas", el o la síndico municipal asegura que las finanzas son sanas, los micrófonos se concentran en esa narrativa y el debate incómodo queda fuera de foco. Mientras tanto, no hay certificación legítima de que el dinero de los ciudadanos se ejerció conforme a la ley.
EN LA BALANZA.- La salida forzada de casi la mitad de los delegados estatales de la FGR, incluido el de Durango, no puede leerse como un simple ajuste administrativo. En un momento en que la federación mantiene ofensiva frontal contra la delincuencia organizada en todo el país, la reconfiguración territorial despierta suspicacias inevitables. Si los delegados son piezas clave en la persecución de delitos federales, qué es lo que pudo haber fallado en el caso de Durango: ¿Ineficiencia, falta de resultados o desconfianza? El movimiento, no deja preguntas abiertas sino razones entendidas.
X: @Vic_Montenegro