La mano firme que no se siente
Lo que ocurre en comunidades alejadas, donde el Estado suele llegar tarde o en ocasiones no hacerlo, pone al desnudo y con crudeza la distancia entre la parlotería institucional y la vida cotidiana de quienes habitan esos territorios. La denuncia pública de Virginia Flores, gobernadora tradicional de San José de Xoconoxtle, es una alarmante muestra de ello.
En el municipio de Mezquital, una serie de amenazas e intimidaciones derivadas del conflicto por la elección de autoridades comunitarias, bajo usos y costumbres, han venido ocurriendo desde noviembre del año pasado sin que autoridad alguna lo impida. Cuatro meses de absoluta impunidad.
"Que no se metan con Durango": decía el gobernador Esteban Villegas justo en ese mismo mes, cuando presumía tener mano firme contra la inseguridad y cuando se intentó alterar el resultado de la asamblea mediante presiones de grupos delictivos, que en seguida comenzaron a amenazar a Virginia, quien ahora teme por su vida y la de su familia ante la falta de garantías de seguridad.
No obstante, la mudez del mandatario puede consternar todavía más en el ánimo social que cualquier discurso falaz. En un Durango donde la narrativa oficial presume orden, coordinación y resultados en materia de seguridad, el caso proveniente de la zona indígena es un triste recordatorio del cómo la realidad no cabe en gacetas informativas.
Las acusaciones sobre amenazas, intimidación y la presunta injerencia del crimen organizado en el proceso comunitario de elección colocan el foco de atención en un terreno particularmente delicado: la vulnerabilidad de la autonomía indígena frente a intereses criminales. Más grave aún es la ausencia de una postura por parte del Ejecutivo.
Y es que, mientras desde el cómodo púlpito del poder se insiste en que la entidad está "blindada" y "no es tierra para la impunidad", en los hechos se plasman realidades como las de estas comunidades que denuncian, clamando por la justicia y una protección que se les niega de manera rotunda.
Ciertamente, el problema ya es delicado por la sola presencia del crimen organizado; sin embargo, lo que implica la omisión institucional es aún más peligroso, pues deja en la total vulnerabilidad a las y los denunciantes, mientras grupos delincuenciales operan a complacencia de las autoridades.
El caso, además de exhibir la deuda histórica con los pueblos originarios y a instituciones que siguen concibiendo su autonomía como un mero ornamento, evidencia -una y otra vez- la contradicción en el discurso de Esteban y su frívola autoproclamación de patrono. Esa mano rígida de la que tanto se ufana no se siente cuando más se necesita.
EN LA BALANZA.- Las bajas ventas para el comercio en Durango capital durante Semana Santa reflejan una economía local estancada y una fallida estrategia de turismo. Siete de cada diez negocios reportaron un panorama muy por debajo de lo esperado. Por donde se le quiera ver, es el resultado de una falta de atractivo real para visitantes y el debilitamiento del consumo interno. La realidad es que no hay dinero circulante mientras se insiste en discursos optimistas sobre promoción y desarrollo. Los comerciantes se sostienen apenas con lo básico para mantener funcionando sus establecimientos. La pregunta obligada es si las autoridades están leyendo estos datos como una alerta o si, una vez más, quedarán reducidos a cifras que prefieren ignorar.
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