La tapadera
“No somos tapadera de nadie. No ocultar nada. No ser tapadera”. ANDRÉSMANUELLÓPEZ OBRADOR, 6.12.2018
Antes de presentar su solicitud de licencia por las acusaciones de colusión con el narco, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya firmó una iniciativa para debilitar la Ley de Transparencia del estado. La propuesta extingue el órgano autónomo estatal encargado de la rendición de cuentas y convierte al ejecutivo en juez y parte para vigilar la transparencia; deja a los ayuntamientos, los sindicatos y las universidades fuera de la lista de sujetos obligados, y aumenta las causas que permiten al gobierno ocultar la información.
En una entrevista en radio, Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, y miembro de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa, me dijo ayer que su grupo ha llamado esta iniciativa la Ley Tapadera y que está pidiendo al Congreso estatal que no la apruebe.
No es este, sin embargo, el único caso reciente en México de un ataque a la transparencia de la información pública. El pasado 15 de mayo el Comité de Transparencia -o quizá debiéramos llamarlo el Comité de Tapadera-- de la Cámara de Diputados reservó por cinco años la documentación del proceso que llevó a la cuestionada elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).; lo hizo a petición de la Junta de Coordinación Política que argumentó razones de “seguridad nacional”.
Hubo un tiempo en que la izquierda mexicana defendía la transparencia en la información pública; sus activistas la exigieron, por lo menos, de los gobiernos del PRI y del PAN. El Grupo Oaxaca, creado en 2001 para impulsar una ley de transparencia, era muy amplio, pero incluía a activistas de izquierda, como Jenaro Villamil, hoy titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que participó en representación de La Jornada.
El entonces presidente Vicente Fox se sentía incómodo ante la iniciativa. De hecho, sufrió un fuerte golpe político con el Toallagate de 2001, cuando la Secretaría de la Contraloría difundió los gastos de una renovación de la residencia presidencial de Los Pinos y se encontró que se habían comprado toallas de 400 dólares. El escándalo facilitó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 2002, el cual se convirtió en Instituto Nacional (INAI) en 2014 y al que se le dio más tarde la responsabilidad adicional de proteger los datos personales.
Sin embargo, desde que llegó a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador se dedicó a luchar contra la transparencia. Reservó por razones de “seguridad nacional” la información de sus obras principales, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas; combatió al INAI hasta eliminarlo, ya en el gobierno de su sucesora, Claudia Sheinbaum.
En materia de transparencia los gobiernos de la 4T se han comportado como reaccionarios. Consideran que el dinero público debe ser manejado en absoluta secrecía. Uno de los resultados ha sido el surgimiento de una camada de funcionarios y políticos que se han enriquecido de manera obscena. Las toallas de 400 dólares de Fox son juego de niños ante los sobrecostos de cientos de miles de millones de pesos de las obras faraónicas de López Obrador.
La Ley Tapadera de Sinaloa y la reserva de la información sobre la elección de los consejeros del INE son los últimos ejemplos de una filosofía que ha distinguido a la 4T desde que asumió el poder. Sus gobiernos se dicen de izquierda, pero han borrado la transparencia de la información pública que se construyó con muchas dificultades a lo largo de décadas. Lo peor es que el nuevo régimen de opacidad no parece tener más propósito que facilitar la corrupción.
EXTRADICIONES
La presidenta Sheinbaum afirmó ayer que Estados Unidos no ha cumplido con 269 peticiones de extradición del gobierno mexicano desde 2018. Así justificó que México no entregue a los 10 de Sinaloa acusados de narcotráfico en la Unión Americana.
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