Las próximas vacantes en el INE
El calendario no se detiene; apenas saliendo de la resaca de las elecciones de 2025 y con la sombra de la reforma electoral, México se prepara para un nuevo capítulo del Instituto Nacional Electoral (INE). En abril de este año, tres consejerías electorales quedarán vacantes, lo que detonará de forma inmediata una reconfiguración de los equilibrios internos del máximo árbitro electoral.
La importancia de estos tres nombramientos radica en la correlación de fuerzas dentro del Consejo. Tras la renovación escalonada de 2023, el INE entró en una nueva dinámica de gobernanza. Para Durango y para el resto del país, la garantía de imparcialidad depende de que quienes lleguen posean un perfil técnico, y no una obediencia partidista. Sin embargo, el proceso arrastra un precedente inquietante y una pregunta: ¿sabemos realmente qué hacen estas figuras y por qué no deberíamos elegirlas al azar ni por imposiciones partidistas?
A menudo se piensa en los consejeros solo como los árbitros que cuentan votos el día de la elección, pero su labor es mucho más profunda y permanente. Un consejero electoral es un agente de confianza ciudadana; no son figuras decorativas. Sus decisiones colegiadas definen criterios de fiscalización. Tienen la facultad de anular candidaturas si detectan rebases de topes de gastos o dinero ilícito. Además, definen la distritación electoral y dan los lineamientos para capacitar a los ciudadanos que reciben los votos, solo por mencionar algunos temas.
En 2023, cuando se eligió a la actual consejera presidenta y a otros tres consejeros, la política claudicó ante el azar; hoy la aritmética legislativa plantea un escenario inédito donde la negociación política podría volverse innecesaria.
Es necesario recordar que la Constitución exige que los consejeros sean electos por mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados presentes). En el proceso de 2023, la falta de esos números obligó a recurrir a la insaculación (la tómbola) ante la falta de acuerdo. Pero hoy la realidad es otra. En la actual Legislatura, Morena y sus aliados (PT y PVEM) tienen la mayoría calificada. Matemáticamente, tienen el poder de nombrar a los nuevos consejeros sin necesitar un solo voto de la oposición.
El procedimiento de selección es complejo y lleva su tiempo; incluso ya tendría que haber iniciado, ya que la Cámara de Diputados debe emitir la convocatoria y conformar un Comité Técnico de Evaluación. Los aspirantes deben cumplir requisitos legales y pasar exámenes de conocimientos y entrevistas.
El diseño original del INE buscaba que nadie tuviera el control absoluto del árbitro. Hoy, esa garantía pende de un hilo. Lo deseable sería que, aun teniendo la mayoría, el Legislativo actuara con responsabilidad de Estado, privilegiando perfiles técnicos y asegurando su imparcialidad.
Sin embargo, hay otra interrogante: la posibilidad de que esta elección ni siquiera llegue a concretarse. En el tintero de la reforma electoral está la idea de reducir el número de integrantes del Consejo General. Bajo esta lógica, el argumento podría ser que no es necesario designar relevos, sino simplemente dejar que transcurra el tiempo para ajustar el tamaño del órgano a la posible nueva realidad legal.
X @omarortegasoria