Lecciones de la revocación en Oaxaca
Anteriormente, cuando se ganaba una elección, la ciudadanía entregaba un cheque en blanco, pero con la revocación de mandato se creó un mecanismo que permite que un gobernante concluyera anticipadamente su periodo. Aunque no es una elección ordinaria, sí es un mecanismo de rendición de cuentas.
El caso más reciente lo encontramos en Oaxaca, donde el ejercicio de revocación de mandato ha dejado lecciones a todo México, sin ser Durango la excepción. En Oaxaca, este ejercicio no fue solo un trámite burocrático, sino un termómetro del humor social en una de las geografías más complejas del país; brindó un mensaje claro: el poder desgasta, y más cuando no se gobierna con los aliados.
Si bien es cierto, ya teníamos un antecedente a nivel federal, cuando en abril de 2022 el entonces presidente López Obrador se sometió al escrutinio público, con una participación del 17.7% y un apoyo del más del 90%; este fue el banderazo para que varios estados replicaran este modelo, siendo Oaxaca el primero que lo concreta.
Con una lista nominal de aproximadamente 3.13 millones de ciudadanos, el ejercicio registró una participación del 29.9% (poco más de 935 mil votos); sin embargo, para que los resultados sean obligatorios, la ley exige una participación del 40%, por lo que, al no alcanzarse este quórum, el resultado fue meramente estadístico; sin embargo, el gobernador Jara lleva a cuestas los 357,025 votos (el 38.1%) que pidieron que se revocara su mandato.
No fue un ejercicio fácil, ya que las autoridades electorales estuvieron a contrarreloj, derivado del retraso de la publicación de la ley secundaria y sobre todo la incertidumbre presupuestal. Al final de cuentas, tuvo un costo de casi 100 millones de pesos, una cifra que también da elementos para debatir el costo-beneficio de estas consultas cuando la participación no logra hacer que sea vinculante.
El caso oaxaqueño rompe también con los mitos de las coaliciones inquebrantables, ya que, como se ha hecho público, el Partido del Trabajo no solo promovió activamente la revocación del mandato, sino que está encabezando las denuncias de presuntas irregularidades, por lo que un aliado resentido tuvo más capacidad de dañar que la propia oposición.
Si regresamos a Durango, desde 2022 nuestra Constitución ya contempla la revocación de mandato, pero quedó pendiente de realizar la legislación secundaria, por lo que los tiempos ya no alcanzan para que durante el presente sexenio se haga este ejercicio en nuestro estado.
Más allá de todo esto, debemos retomar la esencia de este ejercicio de empoderamiento ciudadano: la revocación no debería ser ni una herramienta de persecución política ni un ejercicio de propaganda gubernamental, sino un incentivo para el buen gobierno que trascienda los colores partidistas.
Y, por supuesto, el debate técnico que no podemos ignorar: la utilidad del gasto en un sistema que parece diseñado para fracasar, con su umbral de participación casi inalcanzable. Si las reglas del juego exigen una participación que ni siquiera las elecciones intermedias suelen lograr, la revocación terminará siendo olvidada.
X @omarortegasoria