Lenia Batres y las cosas de Internet
La reforma judicial nos trajo muchas cosas. Entre ellas, una presencia cada vez más visible de personas juzgadoras en internet. Durante el proceso electoral, las redes sociales se convirtieron en un escaparate para quienes buscaban llegar a un cargo judicial: TikToks, videos, carruseles, fotografías, transmisiones en vivo y toda clase de contenidos para presentarse ante una ciudadanía que, hasta entonces, difícilmente habría reconocido sus nombres. Algunas personas candidatas aprovecharon estos espacios para explicar sus propuestas, compartir su trayectoria y buscar conectar con el electorado. Otras encontraron en las redes una oportunidad para construir una identidad pública. Acabada la elección, parte de esa efervescencia desapareció, pero algunas figuras del Poder Judicial continúan muy activas en las plataformas digitales.
Entre ellas están algunas personas ministras de la Suprema Corte, cuyas publicaciones no pasan inadvertidas, aunque no siempre por las razones que probablemente quisieran.
Esta semana, la ministra Lenia Batres publicó un comunicado donde informó que, desde enero de 2024, 17 personas han promovido juicios de amparo relacionados con las restricciones para interactuar con sus publicaciones en X. De acuerdo con su recuento, 14 asuntos fueron sobreseídos, en dos se emitieron resoluciones sobre los alcances de la libertad de expresión y uno más permanece en revisión ante un tribunal colegiado.
La controversia surgió porque algunas personas usuarias encontraron restringida su posibilidad de comentar las publicaciones de la ministra y decidieron acudir a los tribunales. El asunto volvió al debate público después de que un juzgado federal concediera un amparo contra una de esas restricciones.
La ministra sostiene que la libertad de expresión no es absoluta y tiene razón, no ampara amenazas, ni todas las conductas abusivas pueden justificarse bajo el argumento de que se trata de opiniones. Pero el debate jurídico no termina ahí.
La propia Suprema Corte estableció un criterio relevante sobre esta cuestión desde 2019. Al resolver el amparo en revisión 1005/2018, la extinta Segunda Sala determinó que un servidor público que utiliza voluntariamente su cuenta de Twitter para difundir información relacionada con su encargo se coloca en un nivel de publicidad y escrutinio distinto al de una persona privada.
El caso se refería al bloqueo de un periodista por parte del entonces fiscal general de Veracruz.
El comunicado de la ministra coloca sobre la mesa una tensión constitucional que no podemos dejar así, menos cuando se trata de la próxima presidenta de la Corte, si está triste historia no cambia de forma de dramática.
El problema no es que una ministra se defienda de los insultos sino asumir que la existencia de expresiones ofensivas basta para justificar cualquier restricción a la conversación pública. Sin embargo, hay otra discusión que me parece incluso más interesante y que suele quedar fuera de los análisis jurídicos: ¿para qué quieren las personas juzgadoras estar en internet? ¿Por qué queremos ver a una ministra publicando comunicados con membrete oficial, compartiendo videos sobre sus actividades, organizando círculos de lectura o haciendo reels? ¿Qué esperamos de una persona juzgadora cuando decide tener presencia en redes sociales? El caso de la ministra resulta ilustrativo porque pone en evidencia una contradicción posible entre el deseo de tener presencia pública y la disposición a participar en las condiciones que esa presencia implica. Si una ministra utiliza X para difundir posicionamientos, compartir información sobre su trabajo y mantener una relación pública con la ciudadanía, ¿qué sentido tiene construir ese canal de comunicación si las personas que la siguen no pueden responderle libremente, dentro de los límites legales? En una democracia, la diferencia importa.
*Maestra en Derecho