Lo bueno, lo pendiente y lo malo en lanuevaASF
El pasado 24 de marzo, el recién designado titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó ante las comisiones de Vigilancia y Transparencia de la Cámara de Diputados la “Estrategia de reestructuración institucional”. Entre las medidas anunciadas —en proceso de ejecución— destacan ajustes en la estructura interna, la homologación salarial con una reducción en mandos medios y superiores, la desaparición de las Auditorías Especiales, la creación de unidades de auditoría especializadas y de una Unidad de Inteligencia de Fiscalización, y una mayor coordinación con los auditores de los estados para lograr una “fiscalización absoluta” en municipios y alcaldías. Ya se publicó el reglamento y, en breve, se modificará la Ley de Fiscalización para armonizarlas.
En estos días me han pedido opinar sobre los cambios que se están realizando. Es muy pronto. Una valoración objetiva e integral del impacto de esta reingeniería solo podrá hacerse una vez entregados los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2025, en febrero de 2027, para constatar un avance efectivo hacia una fiscalización más profunda, independiente, transparente y con consecuencias. El rezago heredado de las áreas de seguimiento e investigación es enorme y aún queda mucho por denunciar.
Lo bueno. La reunión realizada con los titulares de los órganos de fiscalización de los estados puede interpretarse como el inicio de la reactivación del Sistema Nacional de Fiscalización y de una participación activa en el Sistema Nacional Anticorrupción. La segmentación de la fiscalización a través de unidades de auditoría especializadas por sectores permitirá un enfoque más técnico, preciso y detallado, lo que debe derivar en una mejor planeación y profundidad en las auditorías. La eliminación de las “solicitudes de aclaración”, que prolongaban innecesariamente la determinación de montos ejercidos indebidamente, evitará la duplicación de plazos. Asimismo, el nuevo reglamento revierte una absurda modificación realizada en agosto de 2021 que impedía a las áreas auditoras elaborar los dictámenes técnicos para la presentación de denuncias penales, frenando de golpe el importante avance que se había logrado hasta ese momento.
Lo pendiente. Si bien el nuevo reglamento contempla un plazo de 90 días hábiles para que el área de seguimiento entregue los expedientes al área de investigación sobre los asuntos que no fueron aclarados por los entes fiscalizados, no se establece un plazo para que esta última concluya esta etapa. Por ello, pueden pasar varios años sin que un asunto sea revisado, como ocurría en la administración anterior. Tampoco se contempla publicar el dictamen sobre la no atención de acciones ni el oficio de pronunciamiento correspondiente, derivado de las respuestas recibidas de los entes fiscalizados a lo que les fue observado. Esto es relevante porque con ello se cierra la etapa de fiscalización.
Lo malo. Se está llevando a cabo un recorte significativo de personal con amplia experiencia, formado durante muchos años de permanencia en la ASF. A algunos se les ofrece continuar, pero en un nivel jerárquico menor. No es un dato menor, la capacidad técnica de la ASF reside en su capital humano. Habrá que observar con atención los perfiles de quienes ocuparán las titularidades de las nuevas unidades especializadas y las direcciones generales, pues ello será un elemento importante para evaluar la voluntad de fortalecer la institución y combatir la corrupción. Así, lo bueno, lo pendiente y lo malo en la nueva ASF.
X: @gldubernard