Los límites de los ciudadanos al régimen
La detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco por extorsión a empresarios de ese municipio y, aún más grave, por coludirse con miembros del crimen organizado para realizarlas, da muestra fehaciente de la descomposición que ha alcanzado la vida pública del país, al más puro estilo de la película "La Ley de Herodes".
Cuando lo esperado es que un sistema democrático mejore el bienestar y las condiciones de vida de la ciudadanía cambiando a quienes gobiernan por otros que prometen hacerlo mejor, lo que hemos tenido en estos siete años de nuevo régimen es un retroceso que nos coloca en niveles de degradación institucional equiparables o incluso más bajos -dependiendo de la métrica con que se mida- que los que teníamos durante la etapa "neoliberal" del régimen priista en las últimas décadas parte del siglo pasado y durante la transición a la democracia a principios de este siglo, con gobiernos emanados del Partido Acción Nacional.
Durante ese tiempo también hubo ejemplos de colusión entre gobernantes y crimen organizado. Desde el uso político de la justicia hasta la existencia de cárteles criminales dedicados -literalmente- a extorsionar a los ciudadanos y dirigidos por los más altos funcionarios a nivel local.
Recuerde, estimada lectora, estimado lector, el caso del exfiscal de Nayarit acusado en los Estados Unidos por colusión con el crimen organizado y por formar parte de una red de extorsión a los empresarios y ciudadanos encabezada, según denuncias, por el propio gobernador de Nayarit en ese tiempo, el cual lleva años detenido.
Prácticamente el mismo esquema fue denunciado en Tabasco ya con el beneplácito del régimen que nos gobierna: un secretario de seguridad pública como líder de un grupo criminal dedicado a la extorsión de empresarios y ciudadanos.
Esto sin hablar del "huachicol fiscal" que se dio durante el sexenio pasado y que seguramente pasará a la historia como el mayor caso de extorsión a la sociedad, orquestado desde el poder público con la complicidad de grupos criminales y empresarios (algunos forzados a participar y otros que lo hicieron por iniciativa propia), para, presuntamente, inyectar recursos financieros a campañas electorales.
Los incentivos para generar riqueza en estas condiciones son nulos. Si los ciudadanos que trabajan para crear riqueza (empresarios, trabajadores) tienen que incluir dentro de sus costos operativos las extorsiones, independientemente de su ilegalidad y de la inoperancia de los tres niveles de gobierno, si eventualmente el monto que tienen pagar al crimen organizado o a funcionarios corruptos es demasiado alto ya no existan incentivos para continuar operando y lo racional es cerrar el negocio, afectando el empleo de esa zona geográfica.
Mientras tanto, el régimen sigue el mismo libreto de cualquier régimen que aspira al autoritarismo: intentar ganar la narrativa; aumentar los costos de llegar al poder por parte de la oposición; modificar y cooptar instituciones para ampliar sus límites de maniobra y hacer más difícil cambiar de gobierno por la vía democrática, por ejemplo, poniendo al servicio del régimen al Poder Judicial, o la todavía pendiente iniciativa de reforma electoral, calificada, en caso de aprobarse como fue esbozada por la comisión que la elabora, como un retroceso histórico por muchos activistas y académicos expertos en temas electorales.
En este escenario es necesario entender las causas que mantienen a los ciudadanos en un estado de letargo que pueda permitir, como antaño, que el régimen continúe a pesar de sus evidentes limitaciones y, con la venia de los Estados Unidos al igual que antaño, eventualmente realice todo tipo de acciones -ilegales e inmorales- para permanecer en el poder.
Las elecciones federales y locales del año entrante servirán como una especie de termómetro de la capacidad de la ciudadanía para reaccionar ante condiciones que les afectan directamente. En otras palabras, de conocer los límites que los ciudadanos pueden imponer a sus gobernantes mediante el voto.
X: @jesusmenav