Más que una calamidad
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de lo que ya se denomina la "ley Monreal", que permite anular una elección local o federal por supuesta "injerencia extranjera", debe leerse en el contexto más amplio de la estrategia normativa del oficialismo. Morena y sus aliados han impulsado reformas que reconfiguran las normas del Estado Mexicano con un claro objetivo: regresar a los tiempos del absolutismo institucional, ese en el que vivió sumergido México desde la década de los treintas del siglo pasado hasta 1994, donde se vivió la primera elección libre.
Así entonces esta iniciativa electoral en este caso, no es por supuesto aislada, sino parte de un esfuerzo por consolidar un andamiaje legal que facilita la perpetuación en el poder a toda costa.
La expresión "injerencia extranjera" es deliberadamente amplia. En la práctica, abre la puerta a criterios discrecionales sobre cuándo una intervención foránea -real o alegada- podría justificar la cancelación de resultados electorales. Esa ambigüedad amplía el margen para decisiones politizadas en torno a la validez de procesos comiciales, especialmente en contextos de alta polarización donde la definición de "injerencia" puede depender de interpretaciones políticas y de seguridad nacional más que de pruebas técnicas y judiciales claras.
La reforma aparece además en un momento marcado por señalamientos internacionales que involucran a actores mexicanos. Autoridades de Estados Unidos han señalado posibles vínculos de colusión entre funcionarios y grupos del crimen organizado -el señalamiento público sobre supuesta colusión con los denominados "chapitos" y vinculaciones con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido repetido en medios y declaraciones oficiales-. En este caso concreto, y pese a que inicialmente hubo negaciones sobre la existencia de pruebas (incluso desde la más alta esfera del gobierno estatal o federal), dos exfuncionarios mencionados en la cadena de hechos -Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad- se han entregado voluntariamente a autoridades estadounidenses; al mismo tiempo, el propio Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, y el 28 de mayo el senador Enrique Inzunza también pidió licencia. Estos movimientos complican la narrativa oficial de inexistencia de elementos probatorios y alimentan la percepción de que hay motivos reales para la investigación internacional.
Es importante subrayar que la posibilidad de anular elecciones por "injerencia extranjera" puede ser legítima cuando hay evidencia clara y debidamente corroborada de intervenciones que distorsionan la soberanía electoral. El problema surge cuando la definición y la aplicación de ese estándar quedan en manos de autoridades con interés directo en el resultado político o en la estabilidad del bloque en el poder. En ese escenario, la norma se transforma en un instrumento que, aun con fundamentos jurídicos, puede ser utilizado selectivamente como pretexto para invalidar contiendas adversas.
La doble vara en el trato público es palpable: por un lado, el oficialismo exige pruebas y rigor frente a denuncias y señalamientos -postura que sería razonable si se aplicara de manera imparcial-; por otro, actúa con inusitada contundencia contra opositores concretos, como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien ha recibido del PAN un respaldo público y político que contrasta con la evaporación de la presencia pública de Rocha Moya. Mientras Rocha Moya permanece fuera del ojo público -con licencia, silencio relativo y señalamientos que provienen de instancias extranjeras-, Maru Campos ha gozado del apoyo visible del panismo y de una defensa política que le permite disputar la agenda mediática y judicial.
Esta disparidad sugiere que la instrumentación de la ley y del discurso de la "necesidad de pruebas" no es neutra: cuando protege o privilegia a actores cercanos al oficialismo, se presenta como escudo legítimo; cuando se utiliza para presionar a adversarios, se convierte en arma política. Si la reforma a la legislación electoral se incorpora a este ecosistema, existe el riesgo real de que se convierta en una herramienta más del andamiaje institucional que, bajo la apariencia de resguardar la soberanía electoral, facilite decisiones que favorezcan al bloque gobernante.
Es clara la intención del oficialismo de seguir reformando el marco electoral, que debe leerse con escepticismo crítico: la norma que prevé anular comicios por "injerencia extranjera" puede ser necesaria en casos extremos, pero su redacción y aplicación en el contexto político actual la colocan en una posición ambivalente.
La sociedad y los órganos autónomos deberían exigir criterios claros, transparencia y controles jurisdiccionales fuertes para evitar que la posibilidad legítima de sancionar injerencias transnacionales se transforme en un pretexto para anular votos o para neutralizar adversarios políticos.
Mientras tanto, la diferencia en el tratamiento entre figuras como Rocha Moya -fuera de la luz pública- y Maru Campos -con el respaldo visible del PAN- pone en evidencia cómo la política de poder y la gestión de la narrativa pública siguen marcando la eficacia real de cualquier reforma.
Es una más allá que una terrible calamidad, que la presidenta Claudia Sheinbaum, llena de legitimidad y aprobación mayoritaria, no detenga esta cargada del movimiento político al que pertenece, que no hace sino arrancar a este país de una posibilidad de ser mejor nación, para regresarnos a situaciones lamentables del pasado. Estos episodios recientes de los casos de Rocha Moya, Campos y la reforma sobre la injerencia extrajera, son más pruebas de que parece que irremediablemente para allá se conducen.