Meta y México
¿Por qué aceptó la tecnológica Meta llegar al acuerdo judicial más oneroso de la historia? Y en ese tenor, ¿por qué nuestros gobernantes evaden la obligación de atender de inmediato los daños causados por las plataformas tecnológicas a nuestra niñez y juventud? ¿Hay algo que pueda hacer la ciudadanía? Hace un mes Meta firmó un acuerdo con 51 fiscalías de Estados Unidos por 17 mil 100 millones de dólares y aceptó realizar ajustes para prevenir la adicción a las redes sociales. Lo hizo porque quería evitarse un juicio que muy probablemente le hubiera costado bastante más dinero y prestigio. Ese temor nacía de la solidez de las pruebas y de la fuerza de una alianza entre familias, OSC y fiscales de los dos partidos.
En 2022 empezó la movilización de familias que protestaban y demandaban a las tecnológicas con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación como el Tech Oversight Project, Avaaz o GI-TOC. Argumentaban que existía una crisis de salud mental entre niños y adolescentes agravada por diseños de plataformas concebidos para generar adicción a las redes sociales.
Las autoridades locales reaccionaron. El fiscal demócrata de Colorado, Phil Weiser, y el republicano de Tennessee, Jonathan Skrmetti, impulsaron una demanda que terminaron firmando los fiscales de 47 estados, además del Distrito de Columbia y tres territorios estadounidenses: Puerto Rico, Samoa y las Islas Marianas. De ellos, 25 eran republicanos y 23 demócratas. La causa común sepultó la polarización.
El clavo final lo pusieron exempleados de Meta inconformes con lo que habían visto. La filtración más famosa fue la de Frances Haugen, quien entregó 21 mil páginas de documentos al reportero de The Wall Street Journal Jeff Horwitz. Los documentos mostraban que Facebook conocía los efectos perjudiciales que algunos de sus productos podían tener sobre niños y jóvenes y, pese a ello, no adoptaba medidas suficientes para corregirlos. Como suele ocurrir en Estados Unidos, Hollywood se interesó en la historia y el 9 de octubre se estrenará The Social Reckoning con guion de Aaron Sorkin.
En México, organizaciones sociales e instituciones académicas han producido evidencia sobre los riesgos y daños asociados con el uso de las plataformas tecnológicas entre niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacen nuestros gobernantes? El legislativo se entretiene presentando iniciativas inútiles (ya lleva 85) porque carecen del visto bueno de Palacio.
¿Y la presidenta? Ella se puso a buscar con calma el consenso. El 28 de julio dijo querer “escuchar a los expertos y a la ciudadanía” para “decidir si hacemos algún tipo de regulación.” Luego guardó silencio hasta que el lunes pasado informó que los secretarios de educación aprobaron “por unanimidad” que el 3 de noviembre empiece a limitarse el uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias. En ese lapso informarán y ¿consultarán? a la ciudadanía que oscila entre la preocupación y la confusión.
Muchos saben o intuyen que algo anda mal con las tecnológicas, pero no tienen claridad sobre qué hacer y los partidos son incapaces de hacer propuestas orientadoras. La inacción de los actores federales conduce a los gobiernos locales que tienen la capacidad para establecer protocolos de educación digital, atención a víctimas y prevención de riesgos.
El pasmo seguirá hasta que surjan acciones ciudadanas más enérgicas, las que han salido han sido incapaces de convertirse en bandera de movilizaciones. Aunque carecemos de una cartografía integral sobre la densidad del tejido social, la CdMx tiene la capacidad para proponerle agendas al gobierno central y a las alcaldías.
Mientras México cuenta, en promedio, con 38 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por cada 100 mil habitantes, en la Ciudad de México la cifra oscila entre 96.6 y 106.
La capital reaccionará mejor si se inserta la causa de la protección de niños, niñas y adolescentes frente a las amenazas digitales en una coalición más amplia contra la inseguridad y la corrupción y a favor de la rendición de cuentas.
Inevitable cerrar con una pregunta: ¿Y la defensa de nuestra soberanía no aplica a la defensa de nuestra niñez y adolescencia frente a las tecnológicas extranjeras?
@sergioaguayo
Colaboraron Andrea Ramírez Sánchez y Elena Simón Hernández