Minería y tala ilegal concentran sanciones de Profepa en Durango durante 2025
Proyectos mineros, aprovechamientos forestales, cambios de uso de suelo no autorizados y centros de manejo de residuos peligrosos, concentran la mayor parte de las sanciones impuestas, derivado de la vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre actividades productivas con impacto directo en los ecosistemas de Durango durante el 2025.
Uno de los focos principales de las acciones sancionatorias fue el sector minero. Durante el 2025, Profepa reportó haber impuesto ocho clausuras directas a proyectos mineros en Durango por incumplir la normatividad ambiental vigente, particularmente en lo relacionado con autorizaciones de impacto ambiental y condiciones establecidas para su operación.
Las clausuras tienen como objetivo detener actividades que representan un riesgo para el suelo, los cuerpos de agua y la biodiversidad, mientras se desarrollan los procedimientos administrativos correspondientes. La normativa ambiental indica que estas medidas se aplican cuando se detectan irregularidades graves o reincidencias, y forman parte de una estrategia para garantizar que la actividad minera se desarrolle conforme a la ley.
El aprovechamiento forestal fue otro de los giros que implicó sanciones relevantes. En este rubro, la Profepa realizó aseguramientos de mil 131 metros cúbicos de madera, derivados de inspecciones que detectaron tala sin autorización o incumplimientos en los permisos otorgados.
Además de los aseguramientos, se han impuesto clausuras a aserraderos y proyectos forestales que operaban fuera del marco legal.
Otro conjunto de sanciones se ha dirigido a cambios de uso de suelo no autorizados y a centros de almacenamiento de residuos peligrosos, que incumplieron con la normatividad ambiental. Estos giros representaron riesgos significativos, tanto por la alteración permanente del suelo como por la posibilidad de contaminación de agua y tierra.
En el ámbito económico, la Procuraduría hizo efectivas 35 multas, que en conjunto sumaron 2.4 millones de pesos. Las sanciones económicas se aplican como parte de los procedimientos administrativos derivados de las inspecciones y tienen como objetivo desincentivar conductas que generan daño ambiental. En 2025, la delegación en Durango presentó nueve denuncias ante la FGR, relacionadas con posibles delitos ambientales.
Denuncias que se relacionaron con 13 operativos en conjunto con fuerzas de seguridad, a los que se sumaron 139 visitas de inspección realizadas a industrias mineras, proyectos forestales, desarrollos con cambio de uso de suelo y centros de manejo de residuos peligrosos.
En materia de biodiversidad, la Profepa reportó el aseguramiento de 23 ejemplares de vida silvestre durante 2025, además de que se logró la reintegración de cinco ejemplares a su hábitat natural, tras evaluaciones técnicas que confirmaron su viabilidad.