'Ni modo que anden en Metro': Noroña defiende camionetas de lujo para ministros

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a encender la conversación pública luego de salir en defensa de la compra de camionetas blindadas de lujo para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al asegurar que no se trata de un privilegio, sino de una “herramienta de trabajo”.

En una transmisión difundida en redes sociales, el legislador minimizó las críticas por el costo de los vehículos y cuestionó a quienes consideran excesivo el gasto. A su juicio, los ministros requieren traslados seguros para cumplir con sus funciones y no pueden moverse “en Metro o pidiendo aventón”, frase que rápidamente se viralizó y generó reacciones encontradas.

La polémica se desató luego de que se diera a conocer la adquisición de camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, destinadas a los integrantes del máximo tribunal del país. Aunque la Corte ha señalado que la decisión responde a criterios de seguridad y operatividad, el monto estimado de cada unidad provocó molestia entre ciudadanos y analistas, sobre todo por el contraste con el discurso de austeridad que ha marcado a la llamada Cuarta Transformación.

Noroña insistió en que el debate está mal planteado y defendió que los ministros cuenten con condiciones adecuadas para desempeñar su labor. También acusó que existe hipocresía en las críticas, al recordar que administraciones pasadas realizaron gastos similares sin generar el mismo nivel de indignación.

Sin embargo, el respaldo del senador no fue unánime dentro de su propio movimiento. El diputado Ricardo Monreal reconoció que la compra de estos vehículos sí genera una contradicción con los principios de austeridad que se han promovido desde el poder, y admitió que el enojo ciudadano es comprensible.

El tema llegó incluso al terreno presidencial. La mandataria Claudia Sheinbaum explicó que la adquisición de las camionetas forma parte de un cambio de esquema, al pasar del arrendamiento a la compra directa, lo que —según su versión— representaría un ahorro a largo plazo para el erario, aunque hasta ahora no se han detallado públicamente las cifras.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. Para algunos, la compra es una medida necesaria de seguridad institucional; para otros, un símbolo más de la distancia entre el discurso de austeridad y las decisiones que se toman en la práctica.