Omisos y tibios en despenalización del aborto
En Durango, el aborto legal no está detenido por falta de jurisprudencia, sino por una total ausencia de voluntad política de parte de los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo; por la omisión de diputadas y diputados de los partidos PRI, PAN, Morena Verde y MC, así como por el mismo gobernador, Esteban Villegas.
Desde el 18 de julio de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito ordenó a la LXX Legislatura del Congreso del Estado de Durango armonizar la legislación local, tras declarar inconstitucional la penalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Notificada formalmente, tenía como plazo el pasado mes de diciembre del mismo año para cumplir.
Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, al invalidar la penalización en Coahuila, que criminalizar de forma absoluta el aborto es inconstitucional y viola derechos fundamentales. Ese criterio es obligatorio para todo el país. El tribunal federal simplemente aplicó esa jurisprudencia a Durango. Lo que hoy existe no es incertidumbre legal, sino desacato práctico por inacción.
La omisión del Legislativo tiene consecuencias, pues mientras el Congreso pospone, mujeres en Durango siguen enfrentando incertidumbre jurídica, estigmatización y barreras institucionales. Las cifras de acompañamientos documentados por colectivas -cientos de casos en apenas tres años- exhiben una realidad social que rebasa, por mucho, la comodidad del debate parlamentario.
El aborto existe en Durango y es más frecuente de lo que cualquiera se imagina; lo que no existe es un marco legal claro que garantice seguridad y acceso. En este escenario, la postura del Gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, resulta políticamente tibia, por no llamarla indiferente.
El mandatario, en lo personal, ha fijado posturas "a favor de la vida", pero también en contra de encarcelar mujeres, reiterando que respetará lo que determine la ley. El problema es que la ley ya fue interpretada por tribunales federales y el mandato está vigente. Remitir al Congreso puede ser jurídicamente correcto en la forma, pero políticamente pasivo en el fondo.
La comparación con el matrimonio igualitario es inevitable. En 2022, tras años de postergaciones legislativas, el propio Ejecutivo emitió un decreto administrativo que destrabó el tema y empujó al Congreso a votar la reforma al Código Civil. Fue una señal de liderazgo frente a una omisión prolongada. Hoy, en cambio, ante la despenalización del aborto, ese liderazgo no percibe con la misma determinación.
Si el Gobernador demostró que puede actuar cuando existe bloqueo legislativo -como ocurrió con el matrimonio igualitario-, ¿por qué ahora se limita a observar? La defensa de derechos no debería depender del costo electoral ni del clima ideológico del momento. El principio de laicidad obliga al Estado a legislar con base en derechos, no en convicciones religiosas.
La omisión del Congreso es grave porque incumple un mandato judicial. La tibieza del Ejecutivo es preocupante porque normaliza esa omisión. En un Estado constitucional, los derechos no se someten a consulta moral permanente: se garantizan. Y en Durango, la garantía del derecho a decidir sigue esperando voluntad política.
EN LA BALANZA.- Durango se ubica entre los diez estados con mayor incidencia de sarampión. Una señal de alerta sanitaria que además supera la media nacional en una entidad que refleja fallas en cobertura y seguimiento, especialmente cuando el grupo más afectado son niños de 1 a 4 años, quienes deberían estar plenamente protegidos por el esquema básico de vacunación. Más preocupante aún es la disparidad en los registros oficiales, como el caso del menor fallecido en Mezquital que no aparece en la plataforma federal. El sarampión es una enfermedad prevenible; su repunte no obedece a fatalidades inevitables, sino a brechas en prevención y respuesta institucional.
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