Oposición advierte riesgos a la seguridad electoral y a la democracia con el 'Plan B'
La aprobación en lo general de la reforma electoral conocida como “Plan B” en la Cámara de Diputados generó críticas de la oposición, que advirtió omisiones graves en el dictamen, particularmente en materia de seguridad electoral y protección institucional.
El proyecto fue avalado con 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, alcanzando mayoría calificada; mientras su discusión en lo particular se prolongó en el Pleno legislativo.
La diputada federal Patricia Jiménez dijo que votó en contra al considerar que la reforma no atiende los principales desafíos que enfrenta el sistema democrático mexicano. Señaló que el dictamen avanzó sin consenso entre las distintas fuerzas políticas y se centró principalmente en ajustes administrativos justificados bajo criterios de austeridad.
Entre las principales observaciones, la legisladora destacó que la propuesta no enfrenta uno de los problemas más delicados del panorama electoral, como es la intervención del crimen organizado en los procesos comiciales. Afirmó que este fenómeno representa uno de los mayores riesgos para la integridad democrática del país y permanece sin atención en la reforma aprobada.
También cuestionó la reducción de capacidades institucionales del sistema electoral, al advertir que los recortes planteados no están respaldados por estudios técnicos claros que acrediten beneficios reales. Según expuso, el debate no debe centrarse únicamente en el costo de organizar elecciones, sino en garantizar que sean libres, seguras y confiables.
Otro de los puntos señalados por la legisladora es el impacto que, a su juicio, tendría la reforma sobre el federalismo, al concentrar decisiones que corresponden a estados y municipios.
Frente a ello, dijo que se plantearon propuestas alternativas enfocadas en fortalecer la integridad electoral, entre ellas anular elecciones cuando exista injerencia del crimen organizado, cancelar el registro de partidos que toleren o se beneficien de esa intervención, combatir el financiamiento ilícito en campañas, proteger a candidatas y candidatos, así como reforzar las instituciones electorales.