Para la nueva ley ambiental piden Parlamento Abierto
El Congreso de la Unión debe convocar a un proceso amplio de Parlamento Abierto antes de dictaminar y aprobar la iniciativa con proyecto de decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca abrogar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) y sustituirla por la nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental. Sólo mediante un proceso abierto, incluyente y participativo será posible contar con una nueva legislación ambiental legítima, sólida y capaz de garantizar la protección de la naturaleza y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) formuló la petición de Parlamento Abierto y la ha reiterado desde el 3 de julio pasado, cuando consideró que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum contiene "avances muy importantes" pero puntualizó 10 aspectos preocupantes que "deben ser revisados y modificados por el legislativo federal".
De agosto a lo que va de septiembre, se agregaron a la petición más de 100 organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles del país.
Dada la magnitud de la reforma, que definirá las reglas con las que México protegerá su patrimonio natural y garantizará el derecho humano a un ambiente sano durante las próximas décadas, requiere tiempo, diálogo, conocimiento y participación.
En el proceso deben participar comunidades, pueblos, indígenas y afromexicanos, personas defensoras ambientales, academia, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, sector productivo y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
El Parlamento Abierto debe contemplar mesas de trabajo temáticas y espacios de delberación, y no únicamente sesiones informativas o de exposición de posiciones.
Las iniciativas, diagnósticos, estudios, propuestas de modificación y demás documentos relevantes del Parlamento Abierto deben ser publicados oportunamente de manera que las personas participantes puedan realizar un análisis informado.
Este ejercicio debe contar con tiempo suficiente para una deliberación seria y responsable, evitando que la urgencia legislativa se convierta en un obstáculo para el análisis de una ley con esta trascendencia.
La magnitud de la reforma exige una discusión amplia, técnica y participativa que permita asegurar que los cambios propuestos fortalezcan y no debilite los mecanismos de prevención, conservación, acceso a la información, participación pública y justicia ambiental.
De esta manera lo plantearon al indicar que la iniciativa representa una oportunidad para actualizar el marco jurídico ambiental del país frente a desafíos cada vez más complejos, como la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas, la contaminación, los impactos del cambio climático y la creciente necesidad de garantizar los derechos humanos ambientales.
Un avance es que la iniciativa de Sheinbaum incorpora de manera explicita la relación entre ambiente, salud y bienestar de las personas, lo que contribuye a fortalecer la protección y justiciabilidad del derecho humano a un medio ambiente sano.
Resulta positivo, asimismo, que integre principios relevantes del derecho ambiental contemporáneo, como el principio "in dubio pro natura" y el interés superior del ambiente, el cual incluso se contempla como criterio que condiciona el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y títulos de concesión.
No obstante, la propuesta de la mandataria contiene una visión predominantemente antropocéntrica de la protección ambiental, advirtieron.
"A pesar de los avances que se han registrado en los últimos años en torno al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, tanto en legislaciones estatales como en algunos casos resueltos en el Poder Judicial, la iniciativa omite incorporar este enfoque dentro de su marco conceptual y normativo".
Esta ausencia representa una oportunidad desaprovechada para fortalecer la evolución del derecho ambiental mexicano y avanzar hacia una protección más integral de los ecosistemas y sus elementos.
Otro aspecto positivo de la iniciativa presidencial es que amplía la definición y el alcance de la normativa ambiental al incorporar expresamente disposiciones de sectores estratégicos como el energético, minero, costero y de normalización.
Este reconocimiento contribuye a visibilizar el carácter transversal del derecho humano a un medio ambiente sano, y refuerza la necesidad de que las decisiones adoptadas en distintos ámbitos de la política pública se encuentren alineadas con los objetivos de protección ambiental y desarrollo sostenible.
Asimismo, la incorporación del principio precautorio y el principio de máxima publicidad resultan consistentes con tratados internacionales como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú.
Sin embargo, para que estos principios trasciendan el plano declarativo, resulta indispensable que la iniciativa del Ejecutivo federal incorpore mecanismos concretos que permitan su aplicación efectiva a lo largo de todo el articulado, particularmente en el diseño e implementación de instrumentos de política ambiental, como la Evaluación de Impacto Ambiental; de lo contrario existe el riesgo de que su materialización dependa principalmente de procesos de litigio o interpretación judicial posteriores, como ocurre de manera recurrente en la práctica, limitando su eficacia.
Estos son apenas algunos de los aspectos que el Congreso de la Unión debe considerar a fin de convocar a un proceso amplio de Parlamento Abierto, antes de que dictamine la nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental que, como se ve, contiene -desde la iniciativa presidencial- avances pero también aspectos preocupantes que deben ser revisados y modificados por el Legislativo federal mediante la participación efectiva de la sociedad.