Para preocuparse, y mucho
Con verdadera decepción y preocupación se debe observar las reacciones de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheimbaun Pardo ante diversos asuntos que suceden en la vida pública. Dos de ellos, le atañen directamente, en tanto el otro es simplemente su postura asumida la que permite tener una clara idea de cuales son en realidad sus convicciones, y lo riesgoso que éstas pueden ser ante un marco político del Estado Mexicano que ha sufrido el desmantelamiento de su sistema de pesos y contrapesos que habrían podido impedir en dado caso, un lance de algún poder que quisiera arrasar con los otros y así desaparecer el régimen democrático que tanto tiempo costó a los mexicanos y que parece que hoy cada vez más se acerca a un riesgo mayor.
El primero de los tres casos para mostrar las posiciones de la titular del ejecutivo federal es cuando Estados Unidos solicitó la detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén RochaMoya y nuevemás funcionarios de aquella entidad federativa, acusados de colaborar con el cártel de “Los Chapitos”. La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática en exigir pruebas antes de proceder. En su conferencia del 30 de abril de 2026, declaró: “Cuando hablamos de pruebas, no es nada más el dicho de una persona. Tiene que haber pruebas contundentes conforme a la legislaciónmexicana”.
Este posicionamiento refleja una defensa de la soberanía nacional, pero también una postura política: proteger a un gobernador de su propio partido mientras se cuestiona la legitimidad de las acusaciones extranjeras. En lugar de priorizar la cooperación judicial internacional, Sheinbaum subrayó que “sin pruebas, no hay extradición”, mostrando cómo su convicción política prevalece sobre la urgencia de enfrentar acusaciones graves de narcotráfico. Se podría decir claramente que con postura cuestionable, tendría en esta ocasión la ley de su lado.
Sin embargo, la presidenta actúa distinto cuando el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel fue detenido hace apenas unos días atrás por presunto huachicol fiscal, es decir, contrabando y fraude en importación de combustibles. Ante críticas de que se trataba de persecución política, Sheinbaum respondió categóricamente: “No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”.
Además, subrayó que la FGR presentó “muchísimas pruebas” contra Ruffo, calificando el caso como un fraude al Estado mexicano. Aquí, la presidenta no esperó a que un tribunal dictara sentencia: asumió públicamente la culpabilidad del exgobernador, lo que contradice el principio de presunción de inocencia. Su declaración muestra cómo, frente a un opositor político, la narrativa oficial se inclina hacia la condena anticipada, reforzando la idea de que actúa más desde convicciones partidistas que desde el respeto estricto al debido proceso.
Pero quizá para abundar en la preocupación, el domingo 19 del presente mes, el dictador nicaragüense Daniel Ortega anunció simple y llanamente que “no volverán a celebrarse elecciones” en su país. Consultada sobre esta postura, Sheinbaum evitó condenar lamedida y se limitó a decir: “Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos. Esa es mi respuesta”.
El silencio frente a la abolición de elecciones revela una contradicción: mientras en México se reivindica la democracia como principio, hacia Nicaragua se aplica una política de no intervención que, en la práctica, legitima un régimen autoritario. La presidenta privilegia la doctrina de autodeterminación sobre los valores universales de democracia y derechos humanos.
Estos tres episodios parecen mostrar un patrón: Claudia Sheinbaum actúa más desde convicciones políticas que desde principios legales o democráticos universales.
Con RochaMoya, defendió la soberanía y exigió pruebas, protegiendo a un aliado político. A Ernesto Ruffo Appel, le declaró culpabilidad anticipada, debilitando la presunción de inocencia. Y lo de Daniel Ortega, prefirió optar por el silencio y la autodeterminación, evitando condenar la abolición de elecciones. ¿cómo? En conjunto, estas posturas reflejan una presidencia que prioriza la política partidista y la ideología sobre la aplicación imparcial de la ley y los principios democráticos fundamentales.
Ominoso para México estos bandazos de la Jefa del Estado Mexicano, titular del poder ejecutivo y comandanta de las fuerzas armadas del país. No ha cumplido dos años de los seis que le debe durar su mandato y estas señales son para preocupar y mucho.