Editoriales

OPINIÓN

Piden investigar el 'diezmo' que les cobran a los constructores de Durango

Verdades y rumores

Piden investigar el 'diezmo' que les cobran a los constructores de Durango

Piden investigar el 'diezmo' que les cobran a los constructores de Durango

EL AGENTE 008

Hasta la redacción de El Siglo de Durango llegó una denuncia sobre la corrupción que envuelve al Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFEED), donde se mueve el poco dinero para obra que llega al estado.

Los señalamientos, de los que aseguran existen pruebas y que en cualquier momento podrían salir a la luz, señalan que para la operación de la obra pública educativa existe un cobro indebido de un 11 por ciento del valor de los contratos a los constructores beneficiados.

Un señalamiento que, por su gravedad, debería ser investigado, pero que difícilmente se hará, "pues pareciera que existe la anuncia directa desde el Bicentenario para que se haga", dicen los quejosos que, prefieren guardar el anonimato por el riesgo que representa alzar la voz ante las autoridades en Durango. "Por eso fue que los buscamos a ustedes, para alzar la voz", dicen.

La cifra del 11% es confirmada por diversos constructores que han compartido sus testimonios a El Siglo de Durango y que describen un mecanismo sistemático de cobros indebidos en la asignación de infraestructura.

’DIEZMO’ POR ADELANTADO

El irregular cobro del 11 por ciento del costo total de cada obra se agrava cuando, además, se pide por adelantado, mucho antes de que los constructores puedan siquiera iniciar los trabajos. Algunos testimonios describen dificultades financieras severas, atribuidas directamente a esta voraz exigencia.

Estas acusaciones requieren verificar documentos y pruebas, que, según nos contaron, están siendo integradas en un expediente; sin embargo, la gravedad de estas denuncias requeriría la intervención inmediata de las autoridades competentes, sin necesidad de que haya denuncias de por medio. De confirmarse, no estaríamos ante una irregularidad administrativa menor, sino frente a un posible sistema institucionalizado de extorsión, capaz de asfixiar a los contratistas y de convertir la inversión educativa en el lucrativo negocio de unos cuantos intermediarios.

Hagamos un ejercicio matemático elemental: si una empresa recibe un contrato por diez millones de pesos y debe desprenderse anticipadamente del 11 por ciento, significa entregar un millón cien mil pesos antes de comprar un solo material, contratar albañiles o pisar el terreno de construcción.

Es un millón cien mil pesos que ya no se destinará a levantar aulas, pagar salarios justos ni garantizar la calidad estructural de una escuela. ¿Para qué o para quién? ¿Con el permiso o aval del Gobernador? "Alguien se está haciendo millonario a expensas de los constructores", aseguran.

UNA BOLSA MILLONARIA

Pongamos las cifras en perspectiva. Según la información financiera del propio INIFEED, al cierre de septiembre de 2026 su presupuesto modificado ascendía a poco más de 608 millones de pesos. Esto no significa que la totalidad del recurso se haya contratado en obra, ni permite calcular el volumen de supuestos sobornos, pero sí dimensiona el peso de la responsabilidad de quienes administran esta bolsa millonaria.

El escenario obliga a plantear preguntas incómodas: ¿Quiénes han sido los principales beneficiarios de los contratos de infraestructura educativa? ¿Cuántas adjudicaciones se resolvieron por invitación restringida? ¿Qué empresas figuran recurrentemente entre las ganadoras?

¿Existen coincidencias que ameriten una auditoría profunda? ¿Qué mecanismos reales impiden hoy que un funcionario condicione una obra a cambio de un pago indebido? Y la interrogante mayor: ¿estaría dispuesto el titular de este Instituto, Emmanuel del Palacio Sicsik, a someter a una revisión independiente los expedientes de contratación de su Instituto?

EXTORSIONES NO CESAN

Mientras estas dudas flotan en el ambiente, Durango asfixia su propia realidad económica. Apenas el 7 de noviembre, empresarios de Coparmex denunciaron adeudos estatales por 27 millones de pesos que mantienen en jaque a por lo menos 14 empresas.

La falta de liquidez dejó de ser una percepción aislada para convertirse en un clamor del sector privado. Los proveedores esperan sus pagos mientras numerosos negocios enfrentan dificultades para cumplir sus compromisos.

Los primeros en alzar la voz ante las extorsiones "institucionalizadas" fueron los ganaderos en la Comarca Lagunera, quienes, lejos de encontrar un apoyo en la autoridad estatal, fueron ignorados por secretarios de Desarrollo Rural Seguridad Pública, hasta que las quejas llegaron al Gobierno Federal y tuvieron que atender el problema.

Es inadmisible tener a empresarios reclamando extorsiones y el dinero legítimo que se les debe, mientras en paralelo estallan dudas sobre la opacidad con la que se adjudica la escasa obra pública en el estado. La denuncia debería escalar hasta el mismo escritorio del gobernador Esteban Villegas, quien solamente se limita a pedir que denuncien, mientras que funcionarios de su entera confianza son señalados de operar una red de extorsión con el cobijo institucional.

Tampoco se puede dejar de lado en la investigación a los operadores políticos que, desde las sombras o en los márgenes del organigrama oficial, podrían estar influyendo en las decisiones financieras y administrativas de Durango.

En este submundo se señala a un personaje al que se identifica como "El Abuelo", cuya presunta influencia en la estructura de poder estatal requiere un análisis quirúrgico. ¿Quién es? ¿Qué facultades ejerce? ¿De dónde emana su influencia y hasta dónde alcanzan sus decisiones? Esperemos respuestas oficiales.

Escrito en: VERDADES Y RUMORES obra, Durango, constructores, pesos

Noticias relacionadas

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Editoriales

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas