'Plan B no resuelve problemas de fondo'; anticipa diputada duranguense voto en contra

El llamado “Plan B” de reforma electoral presentado por el Ejecutivo federal no resuelve los problemas de fondo del país y, por el contrario, debilita la democracia al ignorar la principal amenaza: la intervención del crimen organizado en las elecciones.

Así lo advirtió la diputada federal Patricia Jiménez, quien señaló que esta propuesta surge después de que no se alcanzaron los consensos necesarios para una reforma constitucional, por lo que ahora se pretende modificar reglas fundamentales a través de leyes secundarias, sin diálogo ni acuerdos amplios entre las fuerzas políticas.

“Hoy el problema no es cuánto cuesta la democracia, sino quién la controla. Y esta reforma no toca lo más grave: el riesgo de que el crimen organizado influya en quién compite, cómo se financian las campañas y cómo vota la gente”, expresó.

Mencionó que, aunque el “Plan B” habla de reducir costos, en realidad plantea recortes que pueden debilitar a las instituciones encargadas de organizar y vigilar las elecciones, lo que pone en riesgo la certeza y la legalidad de los procesos electorales.

Además, alertó sobre varios puntos preocupantes de la propuesta, como retrocesos en la paridad de género, que es un mandato constitucional. “No puede quedar sujeta a interpretaciones o retrocesos. Retroceder en paridad es retroceder en democracia”, enfatizó.

También observó reglas inequitativas en la revocación de mandato, mismo que le permitió al bloque oficialista pasar del 54 que sí les dio el pueblo, a un 72 por ciento de curules. Y cambios en los municipios que, lejos de generar ahorros, podrían incrementar el número de regidores.

Señaló que el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de esta reforma por considerarla incompleta, regresiva y alejada de las verdaderas necesidades del país.

Frente a ello, destacó que el PAN impulsa otra propuesta que incluye medidas como anular elecciones donde intervenga el crimen organizado, castigar a los partidos que reciban financiamiento ilícito, garantizar condiciones equitativas en la competencia electoral, que la revocación de mandato también aplique a gobernadoras y gobernadores, que la Presidenta no pueda hacer campaña para su revocación de mandato. Si se da la revocación, que sea la gente quien elija y no el Congreso sobrerrepresentado, proteger tanto a candidatos como a votantes y eliminar la sobrerrepresentación.

Por último, afirmó que México necesita una reforma electoral seria, que defienda la libertad del voto y fortalezca las instituciones, no una que las debilite.