Por México, ¿primero Rocha?
Rubén Rocha Moya provocó algo que probablemente jamás imaginó: mostrar una radiografía lamentable del poder y de la justicia en México. Tras 112 días de licencia, con una grave acusación en tribunales de EU y una anémica carpeta abierta aquí de la cual no se conocen avances, el gobernador decidió reaparecer para volver a ausentarse al día siguiente.
Desde Palacio Nacional, su regreso manejado primero como una “decisión personal”, obligó a la clase política oficial a marcar distancia. Ningún acto realizado por un gobernante con orden de aprehensión es puramente “personal”.
El episodio evoca a Tabasco en 1995. Zedillo intentó pactar la renuncia de Madrazo tras unas polémicas elecciones frente a AMLO. Madrazo se atrincheró y dijo “no”. Aquel desafío marcó el ocaso del absolutismo del viejo presidencialismo que hoy reaparece.
Tres décadas después, el desplante de Rocha no representa una victoria del federalismo democrático, sino el regreso a un sistema que sustituyó a las instituciones por la disciplina partidista. Cuando esta se desgasta, queda al descubierto la debilidad de los canales institucionales para dirimir responsabilidades.
Durante el sexenio anterior, la legitimidad del régimen descansó en el autoritarismo unipersonal que provocó la erosión y destrucción de las instituciones con las que contaba nuestro país, hasta el punto de anular al poder judicial y volver al legislativo un mero apéndice del Ejecutivo; hoy la figura del expresidente persiste como variante de un maximato.
Sheinbaum posee una legitimidad electoral indiscutible; esta debería convertirse en autoridad de ejercicio: capacidad efectiva para decidir, ordenar y hacer reconocible el sentido de las decisiones públicas sin intervención de Palenque. Tiene el apoyo, pero no lo ejerce con la contundencia institucional que el momento exige.
Mientras en Estados Unidos hay imputaciones concretas de testigos que atribuyen delitos a Rocha Moya y a otros funcionarios, aquí se invoca la falta de pruebas, un clásico del limbo ministerial, en un expediente inconcluso no obstante la abundancia de ellas, las declaraciones del “Mayo” y las del propio gobernador nunca desmentidas.
Esa ambigüedad es terreno fértil donde florece la impunidad selectiva; el problema no es la disyuntiva entre soberanía y extradición; sino entre la primera y la impunidad. El problema es el Estado de derecho. Se abre una carpeta solo para tomarle el pelo a los Estados Unidos, a los sinaloenses y a los mexicanos, sobre todo cuando los artículos 4 y 5 del Código Penal Federal otorgan a la Fiscalía herramientas útiles.
En medio de una crisis de violencia sin precedentes en Sinaloa, con cientos de empresas y negocios cerrados, con el miedo instalado en cada casa y la economía local golpeada, la respuesta institucional ha sido la pasividad. La oposición se limita a hacer declaraciones para cubrir el expediente. En el Congreso federal no hay movilización seria. Nadie ha planteado con rigor los mecanismos constitucionales disponibles: desaparición de poderes, juicios políticos, exigencias formales a la Corte, acciones del congreso local. Las correas de transmisión institucional de las decisiones están rotas. Llevamos ocho años sin Estado de derecho efectivo, no solo en Sinaloa, sino en muchas otras regiones del país. Y nadie sale a rescatarlo. Estamos atrapados por la tiranía de la indiferencia.
¿Puede una democracia exigir pulcritud procesal a Washington mientras archiva en casa expedientes con la cómoda excusa de la falta de pruebas? La salida a esta encrucijada no pasa por negociaciones en lo oscurito ni por pulsos mediáticos. El destino de Rocha debe resolverse donde siempre debió estar: en la investigación, los códigos penales, los juzgados, las fiscalías autónomas y en las pruebas. Entre las presiones de Washington y los ecos de Palenque, el principal territorio que urge rescatar sigue siendo el del Estado de derecho.