Predial 2026 en Durango: carta abierta a regidores y diputados de oposición
En Durango se requiere un debate necesario y urgente a partir del cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Ya que no se trata simplemente de un aumento más; es una inconformidad y rabia social. Una revisión técnica del tema muestra que el problema actual está en el cambio del modelo con el que se calcula.
Durante años, el predial se determinó mediante una fórmula sencilla y predecible: una tasa fija aplicada directamente sobre el valor catastral del inmueble. Este esquema permitía que el impuesto creciera de forma proporcional y gradual. Si la casa no cambiaba, el cobro se mantenía relativamente estable. Era un modelo entendible para el ciudadano común y funcional para la administración.
A partir de 2026, ese modelo fue sustituido por otro completamente distinto. La nueva Ley de Ingresos introduce una tabla de percentiles progresivo vertical, integrada por rangos con límites inferiores y superiores, cuotas fijas y tasas marginales. El argumento oficial es que este sistema permite medir mejor la capacidad contributiva del sujeto obligado en relación con el valor de su predio.
El problema surge cuando esa premisa se contrasta con la realidad.
En los hechos, la aplicación de esta tabla ha generado incrementos abruptos y no graduales en el monto del predial, incluso en casos donde el inmueble no ha tenido ninguna modificación. No se construyó un cuarto adicional, no se amplió la vivienda, no se hizo mejora alguna. El único cambio fue la forma de cálculo establecida en la ley.
Existen ya ejemplos documentados donde el predial pasó de poco más de ocho mil pesos a más de veintitrés mil pesos de un año a otro. Incrementos cercanos o superiores al 180%, derivados exclusivamente de haber cruzado un rango de la tabla que activa una cuota fija elevada. No hay transición, no hay gradualidad, no hay explicación individualizada. Hay un salto.
Este fenómeno revela el verdadero fondo del problema: el modelo presume que el valor del predio equivale automáticamente a capacidad contributiva, cuando en la práctica no siempre es así. Tener una casa valuada en cierto monto no implica necesariamente contar con ingresos suficientes o disponibles para absorber aumentos de esta magnitud de un ejercicio fiscal a otro.
La preocupación se agrava si se observa el contexto económico y social del estado. Durango enfrenta baja generación de empleo formal, salarios entre los más bajos de la región y una percepción de inseguridad en aumento. En ese escenario, imponer cargas fiscales que crecen de manera abrupta, sin reglas de transición ni topes razonables, desconecta el impuesto de la realidad económica de las familias.
Desde el punto de vista constitucional, el debate es legítimo. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece que las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas, atendiendo a la capacidad contributiva real de las personas. El cuestionamiento no es si puede existir un esquema progresivo, sino si este diseño específico cumple efectivamente con ese mandato o si, por el contrario, genera efectos materialmente desproporcionados.
Por ello, resulta pertinente que los representantes populares -regidores y diputados locales- analicen con seriedad el impacto real de este modelo. No se trata de debilitar las finanzas públicas ni de fomentar la evasión, sino de revisar si la norma parte de una premisa correcta y si sus efectos son constitucionalmente razonables.
Abrir este debate no es un acto de confrontación política, sino un ejercicio de responsabilidad institucional. Si el nuevo modelo es justo, deberá sostenerse con argumentos técnicos sólidos. Si no lo es, existen vías legales y legislativas para corregirlo. Entre ellas, el control constitucional, cuyo objetivo es precisamente evitar que una norma general produzca efectos contrarios a la Constitución.
El impuesto predial es necesario. Lo que no puede perderse es su legitimidad. Y esa legitimidad solo se construye cuando el ciudadano entiende el cobro, puede preverlo y percibe que guarda una relación razonable con su realidad económica y sobre todo con los servicios que recibe a cambio. Hoy, esa relación merece ser revisada.
@AntonioBrachoM