Predial 2026 en Durango se dispara hasta 180%; advierten posible inconstitucionalidad

El cambio en el método de cálculo del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2026 en Durango, ha generado preocupación entre especialistas jurídicos y ciudadanos, luego de que se advirtiera un incremento en los montos de pago de hasta el 180 por ciento, una situación no vista en décadas. Ante este escenario, llaman a una solución política y pacífica.

Las modificaciones a la Ley de Ingresos 2026 del Ayuntamiento de Durango fueron propuestas inicialmente por los regidores y posteriormente aprobadas por los diputados del Congreso del Estado, lo que derivó en el aumento significativo del impuesto predial.

Con esta reforma, se sustituyó la tasa fija por un esquema de tablas progresivas, lo que, de acuerdo con especialistas, clasifica a los contribuyentes como “ricos o pobres”, únicamente con base en el valor catastral de su vivienda.

Predial una carga impagable e inconstitucional

El Ayuntamiento de Durango convirtió el impuesto predial en una carga que para muchos ciudadanos resulta “impagable” e incluso inconstitucional.

Antonio Bracho, especialista jurídico, señaló que uno de los puntos más críticos de la reforma a la Ley de Ingresos 2026, es la presunción de que el valor de un inmueble refleja de manera fiel la riqueza del propietario.

“Este enfoque ignora la realidad de miles de duranguenses, como jubilados o herederos, que poseen propiedades con alto valor catastral, pero que perciben ingresos limitados”, explicó el abogado.

Bajo el nuevo esquema, un ciudadano con un salario promedio podría verse obligado a pagar recibos de predial, superiores a los 20 mil pesos anuales, cuando antes pagaba seis mil, simplemente por habitar una vivienda heredada o una propiedad que ha incrementado su valor con el paso del tiempo.

Esta medida ha sido señalada como confiscatoria, ya que no toma en cuenta la liquidez real del contribuyente y se basa únicamente en su patrimonio inmobiliario.

Desigualdad por desactualización catastral

A la complejidad del nuevo sistema de tablas, añadió Bracho, se suma una profunda inequidad en el catastro municipal. Mientras que fraccionamientos nuevos y zonas residenciales recientes cuentan con valores de mercado actualizados, amplias zonas del centro histórico y colonias antiguas mantienen avalúos de hace décadas.

Esta disparidad provoca que familias de clase media en zonas nuevas paguen hasta el triple de predial, en comparación con propietarios de residencias de lujo ubicadas en áreas consolidadas.

El resultado, afirmó el especialista, es un sistema clasista y arbitrario que castiga a quienes adquirieron vivienda recientemente, vulnerando el principio constitucional de equidad tributaria.

Pero, si este año se moderniza el sistema catastral, entonces en el 2027 el resto de viviendas elevarán nuevamente su valor catastral y con ello el impuesto predial volverá a incrementarse.

El camino legal y el llamado político

Ante lo que consideró un abuso de autoridad, Antonio Bracho explicó que los ciudadanos cuentan con mecanismos de defensa legal. El primero es el Juicio de Nulidad, que puede interponerse ante el Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los 30 días posteriores al pago del impuesto.

Posteriormente, se podría recurrir al amparo federal para que un juez determine la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos y ordene la devolución de los cobros excedentes.

No obstante, el especialista subrayó que la solución de fondo debe ser política. “La propuesta es clara: dar marcha atrás a la reforma, derogar las tablas progresivas del Artículo 14 y regresar al método de tasa fija”, puntualizó.

Añadió que es indispensable que el Cabildo “humanice la ley” y advirtió que, de no corregirse este esquema, la presión social y la morosidad podrían incrementarse, afectando tanto las finanzas municipales como la estabilidad económica de las familias duranguenses.