Proponen hasta 8 años de cárcel por explotación financiera de adultos mayores en Durango
Para tipificar el delito de explotación financiera de las personas mayores, se presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de Durango, con el objetivo de brindar una protección más efectiva a este sector vulnerable de la población, informó el diputado Héctor Herrera Núñez.
“Estamos hablando de casos en los que se manipula, retiene o despoja a las personas adultas mayores de sus recursos, aprovechándose de su confianza, de su dependencia emocional o incluso de su estado de salud”, dijo.
Por ello, de aprobarse la iniciativa, a quien incurra en esta conducta se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión, así como una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además, se contempla un agravante cuando la víctima presente alguna discapacidad o condición que limite su capacidad para comprender el hecho o resistirlo, en cuyo caso la pena se incrementará hasta en una mitad, reconociendo el mayor grado de vulnerabilidad.
Comete este delito quien, valiéndose de una relación de parentesco, tutela, laboral, de confianza o de cualquier otra índole, se apropie, utilice o disponga indebidamente de los recursos económicos, bienes o pensión de una persona mayor de 65 años, para beneficio propio o de un tercero, sin el consentimiento libre e informado de la víctima.
Y es que, refirió, miles de mujeres y hombres que han dedicado su vida al trabajo, a la familia y a la construcción de la sociedad, enfrentan hoy una realidad dolorosa marcada por la explotación financiera, muchas veces ejercida por familiares o personas cercanas.
Aunque actualmente existen figuras jurídicas como el abuso de confianza, el marco legal resulta insuficiente para atender de manera específica estas conductas, especialmente cuando ocurren dentro del entorno familiar, donde las víctimas suelen no denunciar por miedo, vergüenza o dependencia.
La iniciativa propone que este delito se persiga de oficio, con el fin de garantizar que las autoridades actúen aun cuando no exista denuncia directa, y reiteró que proteger a las personas adultas mayores no solo es una obligación legal, sino un deber moral y social para garantizarles una vida digna, segura y libre de abusos en Durango.