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La historia es antigua y compleja. La recordó brillantemente Jacobo Dayán con Carmen Aristegui. Al terminar la Segunda Guerra y establecerse los juicios de Nüremberg (1945-1946), las discusiones mostraron que el derecho penal tradicional no alcanzaba a conceptualizar las acciones humanas que el mundo había presenciado. De allí nacieron los llamados “Principios de Nüremberg” que tipificaron nuevas modalidades de crimen.
De entrada, se estableció que los crímenes internacionales eran perpetrados por individuos y no por entidades abstractas. La ley debía ser capaz de ir en contra de las personas. Además las jerarquías u órdenes jerárquicos, no eximían de responsabilidad. Quien obedeciera una instrucción criminal era también responsable. Se definieron los crímenes de lesa humanidad, con independencia de la dinámica de las guerras. Se tipificaron nuevos crímenes, como aquellos que atentan contra la paz o los crímenes de guerra.
Dada la imposibilidad de contar con una tipificación omnicomprensiva, se apeló al carácter dinámico para la definición de las atrocidades que el ser humano comete contra sí mismo, siempre van por delante. Con base en los derechos universales derivados del iusnaturalismo, se dio vida a una nueva era del derecho internacional. Esos derechos se situaron por encima de los códigos nacionales. De ahí nació una nueva dimensión de la justicia internacional, otra era de la marcha civilizatoria. Ese nuevopacto fue el que abrió la posibilidad de los Tribunales Penales Internacionales para juzgar casos como la antigua Yugoslavia o Ruanda. También de ahí surgió el peso jurídico del genocidio.
Pasaron muchos años para que se diera vida institucional a esos acuerdos. Ello ocurrió en 1998, con el llamado Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
Recordemos que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -con sede en La Haya, creada en 1945 por Naciones Unidas- tiene otra misión que se puede sintetizar en atender conflictos entre los Estados y emite opiniones a Naciones Unidas. De todo este andamiaje México forma parte, así como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que cuenta con la Comisión Interamericana en Washington y laCorte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. Este último sistema actúa de manera subsidiaria, es decir, que el reclamante sólo puede acudir después de agotar todas las instancias internas y, aun así, considerar la existencia de una falla en la administración de justicia local.
El pasado 3 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó -con base en el art. 34 de la Convención correspondiente- al Secretario General de Naciones Unidasremitir a la Asamblea General el caso de las desapariciones en México. Esta Comisión ha venido siguiendo nuestro caso -como lo destacó José Ramón Cossío Díazcon visitas e informes sistemáticos por lo menos desde el 2012. Buena parte de la información recabada por la Comisión, proviene de la sociedad civil mexicana. Pero también la recabada por el propio gobierno mexicano. Pascal Beltrán del Río lo señaló ayer, a pesar del absurdo intento de maquillaje, las cifras son espeluznantes: más de 70,000 cuerpos sin identificar. El agravamiento es un horror, cada informe lo muestra. Con Calderón el promedio de desapariciones diarias era de 7.8; con AMLO subió a 24.6; Sheinbaum promedia ya40. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas retrata un aumento del 74% en la actual gestión.La reacciones del gobierno (SRE-SEGOB) y de la CNDH fueron vergonzosas.
La CED no culpa a un gobierno u otro. Señala, eso sí, que la sociedad mexicana está viviendo un ataque generalizado y sistemático, de grupos criminales y funcionarios que brindan “apoyo o aquiescencia”. Por ello solicita “movilizar la atención” y allegar auxilios técnicos, forenses por ejemplo.
Es una gran oportunidad. Pero el gobierno sólo ve injerencismo e información tendenciosa. Paranoia yprocrastinación. P y P.