
¿Qué debe permanecer en México cuando cambian sus gobiernos?
México se presentó ante empresarios de Asia-Pacífico como una Nación con oportunidades de inversión, capacidades productivas y una estrategia de desarrollo delargo plazo. El Ejecutivo Federal expuso el Plan México y sus proyectos de infraestructura y bienestar. Es legítimo promover nuestras fortalezas ante el mundo. Pero surge una pregunta indispensable: “¿qué capacidades institucionales respaldan esos compromisos y cuáles podrán sostenerse cuando cambien los gobiernos?” Elauditorio internacional no es el mismo que escucha las conferencias matutinas. Ante inversionistas se destacan oportunidades; ante la sociedad mexicana corresponde explicar decisiones, dificultades y resultados. Los énfasis pueden variar, pero la realidad nacional es una sola. Cambiar de auditorio no modifica las capacidades del país ni sustituye la obligación de comprobarlas.
México participó activamente desde el año 2000 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en 2015 asumió la Agenda 2030. A partir de 2018 cambió la orientación gubernamental, aunque permanecieron mecanismos formales de seguimiento. En APEC reaparecieron planteamientos de bienestar y sostenibilidad afines a esos compromisos. A poco más de tres años de 2030, la pregunta resulta inevitable: “¿qué avances podemos demostrar y qué capacidades hemos construido para cumplir compromisos que deben trascender a los gobiernos?” En APEC se presentó una proyección de inversión pública, mixta y privada en infraestructura. Una proyección expresa un propósito; no demuestra obras concluidas ni beneficios duraderos. Importa distinguir entre anunciar, ejecutar, obtener resultados y construir capacidades permanentes.
El sector empresarial destacó la importancia de la certeza jurídica, la confianza y las reglas claras. La inversión necesita más que proyectos atractivos: requiere instituciones previsibles, seguridad e infraestructura funcional, independientemente de quién ejerza la autoridad. Aquí aparece la cuestión central: «¿qué debe permanecer en México cuando cambian sus gobiernos?» La renovación de prioridades es propia de la vida democrática. Pero las responsabilidades constitucionales del Estado no comienzan ni terminan con cada administración. Tampoco deberían desaparecer las capacidades indispensables para cumplirlas.
Pensemos en la seguridad. Los gobiernos pueden modificar estrategias y estructuras; sin embargo, investigar delitos, proteger a la población y enfrentar al crimen organizado exige capacidades acumulativas. Su poder económico, influencia social, presencia territorial y penetración institucional obligan a evaluar algo más que operativos y detenciones: ¿están recuperando las instituciones su capacidad efectiva para ejercer legítimamente la autoridad? En el desarrollo ocurre algo semejante. Una carretera inaugurada no equivale a una red logística eficiente. Un hospital construido no garantiza atención oportuna. Una inversión comprometida no representa todavía empleo productivo. La prueba comienza cuando los proyectos funcionan, sus beneficios se comprueban y existen recursos y preparación para mantenerlos.
No se trata de conservar indiscriminadamente organismos, programas o políticas. Algunas decisiones deben corregirse y ciertas estructuras transformarse. La continuidad institucional no significa inmovilidad: significa preservar conocimientos, capacidades y funciones esenciales, mientras se modifica aquello que la evidencia demuestra insuficiente. También importa la memoria institucional. Cuando una administración prescinde de especialistas o sustituye procedimientos sin evaluar sus resultados,puede perder capacidades desarrolladas durante años. La renovación política es legítima; la pérdida innecesaria de conocimiento debilita al Estado. Evaluar exige reconocer que funciona, explicar qué falla y aprender antes de volver a decidir.
La continuidad exige además coordinación. Una institución puede disponer de recursos, otra de información y una tercera de facultades legales, sin que ninguna consiga resolver el problema. Sin procedimientos compartidos, responsabilidades definidas y evaluación conjunta, el Estado actúa por fragmentos. Su capacidad efectiva se demuestra cuando esas partes funcionan coordinadamente y sostienen sus resultados, incluso ante circunstancias adversas. Esa permanencia no se acredita únicamente con informes internacionales o referencias en los planes. Exige metas identificables, presupuestos vinculados, indicadores comparables y resultados públicos. Sin esa trazabilidad, resulta difícil saber si una administración fortaleció las capacidades recibidas o simplemente cambió la manera de describirlas. No basta registrar la existencia de un compromiso: necesitamos comprobar quién responde por su cumplimiento y cómo se corrigen los rezagos detectados. La proyección internacional de México merece apoyarse en fortalezas demostrables.
El mundo puede escuchar nuestras aspiraciones; quienes viven aquí necesitan experimentar sus resultados. Ambos auditorios tienen derecho a información consistente, aunque sus preguntas sean distintas. La credibilidad se sostiene con instituciones que responden ante la realidad.Cuando termine un gobierno, deberíamosidentificar qué capacidades dejó, cuáles se deterioraron y qué responsabilidades siguen pendientes.
Esa evaluación serviría mejor a la Nación que cualquier inventario de anuncios, presupuestos o ceremonias.Los gobiernos tienen periodos; las responsabilidades del Estado trascienden generaciones. Y la verdadera fortaleza deMéxico no estará en lo que prometamos ante el mundo, sino en aquello que nuestras instituciones puedan demostrar, sostener y perfeccionar.
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales