'Que no quede en el papel', piden aplicar regulación de contenidos violentos en entornos digitales

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) celebró el anuncio gubernamental sobre la regulación de contenidos violentos en entornos digitales al poner al centro el interés superior de la niñez. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que el decreto presidencial se limite a replicar lo ya existente en la ley o lo que las empresas tecnológicas ya están obligadas a cumplir según el marco jurídico nacional.

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A través de un pronunciamiento, este colectivo de organizaciones de la sociedad civil enfatizó que “proteger no es limitar a infancias y adolescencias” por lo que no se deben reducir las decisiones sobre el entorno digital a restricciones superficiales como prohibir el acceso a internet, redes sociales o el uso de celulares en las escuelas. En su lugar, demandó construir espacios digitales verdaderamente seguros que garanticen sus derechos y prevengan la violencia en línea.

La principal falla señalada por REDIM es la falta de diálogo directo con niñas, niños y adolescentes, lo que vulnera su derecho a participar en asuntos que les conciernen directamente.

Asimismo, la red externó su preocupación por conceptos incompletos dentro del decreto al hacer referencia a que el término “contenidos violentos” es tan genérico que corre el riesgo de diluirse ante la naturalización de la violencia en el país.

Además, al abordar la pornografía o la explotación sexual, no se están considerando las vías de atracción, la adicción, el enganche para la trata de personas ni el reclutamiento forzado, además de omitir la educación sexual integral.

Por otro lado alertaron que la verificación de edad mediante reconocimiento facial o biométricos, en lugar de métodos seguros, carece de claridad sobre la protección, gestión y almacenamiento de estos datos altamente sensibles.

“CLIC PROTEGIDO”

Ante ello, para evitar que la medida quede en el papel, REDIM destacó la estrategia “Clic protegido”, una iniciativa que busca articular diálogos incluyentes que vayan más allá de acuerdos bilaterales. En tal sentido, se propone involucrar al Poder Legislativo, organismos internacionales, empresas de tecnología y telefonía, la academia, la sociedad civil y a las propias infancias.

Finalmente, la organización hizo un llamado a aprovechar la coyuntura internacional y las recientes sanciones a gigantes tecnológicos en tribunales estadounidenses para fijar un estándar elevado de protección.

Asimismo, planteó incluir formalmente las propuestas y denuncias de niñas, niños y adolescentes; abrir diálogos legislativos para definir esquemas claros de sanciones, crear mecanismos transparentes de monitoreo y verificación, así como prever dentro de la regulación los retos derivados del avance de la Inteligencia Artificial.