¿Quién es el villano?
El tráfico de drogas en México nació en los años veinte del siglo pasado junto con el sistema; creció bajo el amparo del poder político y económico, y la demanda de Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, lo disparó. Las bandas contrabandeaban primero licor y luego dieron el salto a la mariguana. Los carteles de Sinaloa, del Golfo, de Juárez y de Guadalajara se establecieron en ciudades estratégicas y desde allí controlaban gran parte del territorio nacional. El presidente estadounidense Richard Nixon declaró la guerra al narcotráfico el empezar su Gobierno. La campaña exacerbó el consumo y la violencia en su país. El fracaso se repitió en México 35 años después durante la Administración de Felipe Calderón.
En 1986 Ronald Reagan dio una vuelta de tuerca a la estrategia con la firma de la directiva de Seguridad Nacional 221. El escenario empeoró aún más, no obstante los elevados presupuestos, la destrucción de cultivos en Sudamérica y la intervención militar en varios países. El agente de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena Salazar, había sido asesinado un año antes en Guadalajara, junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, por órdenes del jefe del cartel, Rafael Caro Quintero. Al capo se le detuvo poco después en Costa Rica en compañía de Sara Cosío, hija del exsecretario de Educación del Estado, César Cosío; y sobrina de quien más tarde sería gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri.
El caso Camarena provocó la mayor crisis diplomática entre México y Estados Unidos, y trasladó la lucha contra los carteles a nuestro país. La «Operación Leyenda» con la que Reagan respondió al asesinato de Camarena, estranguló la frontera y obligó al presidente Miguel de la Madrid a ceñirse a los dictados de la Casa Blanca. Una de las tácticas para ablandar a los líderes de otros países es el desprestigio. Durante una visita a Washington, un columnista publicó que De la Madrid había transferido más de 100 millones de dólares a bancos de ese país. La presidencia desmintió la versión, pero el golpe ya estaba dado.
El Gobierno de Estados Unidos dista mucho de ser el chico bueno vendido por Hollywood y la propaganda. Investigaciones y testimonios de exagentes de la DEA revelaron, años después, conexiones del caso Camarena con la CIA (ojo con Chihuahua), según las cuales oficiales infiltrados habrían participado en la tortura y el asesinato del exmarine. Camarena, quien un año antes de su muerte había descubierto el mayor plantío de marihuana en el rancho «El Búfalo» de Chihuahua, rastreaba la triangulación narcodólares a la Contra de Nicaragua, financiada por Estados Unidos para derrocar al Gobierno sandinista de Daniel Ortega. Otro objetivo era el régimen iraní, liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini; ambos antiestadounidenses. El escándalo estalló tras el derribo de un avión que transportaba suministros a los rebeldes.
El Congreso de Estados Unidos creó en 1987 dos comités selectos para investigar el caso: uno del Senado sobre Asistencia Militar a Irán y la Oposición Nicaragüense; y otro de la Cámara de Representantes para Investigar Transacciones Encubiertas de Armas con Irán. Las comparecencias del entonces teniente coronel y miembro del Consejo Nacional, Oliver North, calificado por Reagan de «héroe nacional», se televisaron y su impacto en la opinión pública fue mayúsculo. El informe determinó que el Consejo Nacional de Seguridad recaudó fondos de manera encubierta para el ejército de guerrillas, creó una organización para el suministro de armas e intentó extorsionar a rehenes.
Estados Unidos vendió armas a Irán por 48 millones de dólares en 1985, país al que acusaba de patrocinar al terrorismo internacional. Una parte del dinero se desvió a los contras. En 1989, un jurado declaró culpable a North de complicidad en la obstrucción al Congreso (participar con el presidente para evitar que el poder legislativo ejerciera sus funciones de investigación), destruir documentos oficiales y desviar fondos ilícitos a la Contra. Todas las condenas fueron anuladas. El sistema que viola su Constitución, financia insurgencias e ignora bloqueos, es el mismo que pretende dar clases de moral al mundo.