Rabia en el IPN
Cuatro edificios del Instituto Politécnico Nacional están tomados por el estudiantado desde hace dos meses. La rabia politécnica nace de una ecuación bastante simple: entre 2018 y 2026 el número de estudiantes inscritos creció en 18% (de 180,801 a 212,911) y su presupuesto solo se incrementó en 0.77% (de 20,973 a 21,135 millones de pesos constantes del 2024).
Conversé con cuatro líderes estudiantiles, que pidieron anonimato, para armar este relato de un conflicto sintetizado en una de sus frases: “hemos aguantado cinco años en condiciones deplorables y hace dos meses nos organizamos para protestar” por razones que explican en su pliego petitorio.
Exigen incrementos al presupuesto del IPN, mejoramiento de infraestructura e insumos, destitución del director general Arturo Reyes Sandoval y de su equipo de trabajo, castigo a los responsables de agresiones contra los estudiantes y garantías de no represalias contra los integrantes del movimiento, entre otros puntos.
Su enojo contra el director general y su administración viene, según relatan, de que, para allegarse de recursos, Reyes Sandoval creó el Patronato Corazón Guinda y Blanco, en el que —aseguran los líderes— él mismo participaba. Al momento de realizar sus aportaciones, se les informaba verbalmente que estas habían dejado de ser voluntarias para convertirse en obligatorias.
Cada escuela tiene agravios adicionales. Una estudiante, a punto de terminar la carrera de medicina, asegura que desde 2022 no pueden hacer disecciones en cadáveres porque a la Escuela Superior de Medicina le quitaron la licencia para hacer esa práctica.
Resultó imposible verificar de manera independiente las afirmaciones estudiantiles sobre las turbiedades del patronato y la prohibición de disecciones; solicité entonces a la Dirección General del IPN que aclarara estos puntos. Al momento de cerrar esta columna no he recibido respuesta.
Como padre con una hija egresada de medicina de la UNAM tengo claro lo importante que para los estudiantes de esa profesión resulta esa práctica; sobre todo para quienes desean ser cirujanos. De ser cierta la suspensión de las disecciones, me resulta escandaloso que las autoridades no hayan sido capaces de recuperar la autorización en los cuatro años posteriores.
En los dos meses transcurridos desde que tomaron los edificios, las autoridades han prometido aumentos presupuestales, removido algunos funcionarios y obsequiado unas cucharaditas de transparencia. No se sabe que hayan investigado al director Arturo Reyes quien, por cierto, ha estado acusado de irregularidades según diversas notas de prensa.
Lo cierto es que al día de hoy están tomadas la Vocacional 6, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y el Canal 11. Los 13,447 estudiantes de las tres primeras instituciones tienen dos meses sin tomar clases y la televisora sigue transmitiendo desde sedes alternas.
La situación se ha ido tensando y el 22 de julio el IPN y el Canal 11, que dirige Renata Turrent, presentaron una demanda ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por la ocupación del canal.
Soy profesor-investigador de El Colegio de México desde 1977 y he vivido la frecuencia con la cual se suceden, en el último medio siglo, los ataques de austeridad que se intensificaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien castigó todo lo que pudo a las universidades públicas.
He observado de cerca el deterioro de la calidad de la educación superior pública y de las condiciones con las cuales se hace investigación, así como la inflexible exigencia de resultados que no se aplica, por cierto, a los funcionarios acusados de proteger criminales o administrativos corruptos. La mayoría de nuestros gobernantes insisten en construir edificios e instalaciones, pero se desentienden de la calidad del personal que ha buscado refugio en el sector privado o en el exterior.
Al otro lado de la capital, la UNAM navega sobre el escándalo del examen de admisión donde se mezcla la ineficacia de la empresa contratada, la desidia de unas autoridades y la corrupción y mediocridad de aquellos aspirantes devotos de “el que no transa, no avanza”.
Rabia en el Poli, confusión en la UNAM. Algo está mal en el sistema público de educación superior.
@sergioaguayo Colaboró Elena Simón Hernández