Rubén Rocha Moya: ¿De qué acusa Estados Unidos al gobernador de Sinaloa?
En medio de una nueva ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra estructuras vinculadas al narcotráfico, este miércoles se confimaron señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios públicos presuntamente relacionados con estas redes.
Junto al mandatario sinaloense también fueron señalados perfiles dentro de la administración pública y de cuerpos policiales, lo que evidencia, según la acusación, una presunta red de colaboración institucional que habría operado durante años en favor del Cártel de Sinaloa.
¿Cuáles son las acusaciones?
De acuerdo con información compartida por El Universal, las imputaciones giran principalmente en torno a delitos relacionados con el narcotráfico. Entre ellos destaca la conspiración para importar drogas a Estados Unidos, así como la posesión de armamento de alto poder, incluyendo ametralladoras y artefactos destructivos.
De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían facilitado el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, lo que los coloca dentro de una estructura considerada de alto impacto.
Además, se les atribuye haber utilizado sus cargos para proteger a integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción conocida como “Los Chapitos”, evitando investigaciones, detenciones y acciones judiciales en su contra.
Protección institucional y flujo de información
Otro de los ejes de la acusación es el presunto uso de instituciones de seguridad para favorecer actividades ilícitas. Según lo señalado, corporaciones policiales habrían recibido instrucciones para resguardar cargamentos de droga tanto en México como en rutas hacia Estados Unidos.
Asimismo, se señala que los implicados habrían filtrado información sensible sobre operativos de seguridad, lo que permitía a los grupos criminales anticiparse a acciones de las autoridades.
Violencia, sobornos y otros delitos
Las acusaciones también incluyen señalamientos por actos de violencia, amenazas contra víctimas y la presunta obtención de recursos económicos provenientes del narcotráfico. De acuerdo con lo expuesto, los funcionarios habrían recibido millones de dólares a cambio de su colaboración.
En uno de los casos, el de Juan Valenzuela Millán, se suman delitos de secuestro con resultado de muerte de un informante de la DEA, lo que agrava el panorama legal.
Posibles penas
En caso de ser hallados culpables, varios de los acusados podrían enfrentar penas que van desde los 40 años de prisión hasta cadena perpetua, debido a la gravedad de los delitos imputados.
El proceso dependería de las acciones legales que se desarrollen en los próximos meses, así como de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia judicial.