Ruffo Appel, ¿preso político?
No es fácil transformar un caso nacional de abuso e injusticia en una causa célebre internacional. Entran en juego la naturaleza intrínseca de la ilegalidad y el atropello, la personalidad de la víctima, el (des)prestigio del gobierno culpable de la arbitrariedad, y la habilidad de los partidarios de la víctima para construir un escándalo internacional.
Daría la impresión que la detención de Ernesto Ruffo, y las condiciones específicas de la misma, ya comienzan a generar un repudio interno en México interesante. Pero apenas arranca el esfuerzo para proveerle una proyección internacional, y falta mucho por hacer. La carta firmada por unos veinticinco exjefes de Estado y de gobierno de América Latina y España constituye un excelente principio. Ciertamente se trata de exmandatarios más bien de centroderecha o de derecha —no todos: ni Eduardo Frei ni Oscar Arias ni Carlos Mesa ni Lenin Moreno lo son— pero ello no debe obstar para buscar textos análogos con firmas adicionales de otros países y otras inclinaciones políticas o ideológicas. Este texto es muy explícito: “La situación de Ruffo Appel reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder”.
Es un preso político y punto, rezan los firmantes de la carta de IDEA.
¿Qué resta por hacer, en el intento de amplificar la resonancia internacional de la acusación autoritaria del régimen cada vez más autoritario de Claudia Sheinbaum? El manual sugiere varios pasos. El primero consiste en recopilar cada declaración del Ejecutivo —gracias a la mañanera, no escasean— donde se nulifica la presunción de inocencia.
Los abogados, familiares y partidarios cercanos de Ruffo deben difundir cada pronunciamiento de la Presidenta sobre las pruebas que existen o, por ejemplo, la joya del martes: “Es un asunto que tiene que ver con un delito, por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez”. Una declaración de este tipo de la jefa del Ejecutivo en un país normal resultaría suficiente para desestimar el caso de entrada. Y las barbaridades de Sheinbaum a propósito de la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega sirven también, aunque no estén directamente relacionadas.
Cada una de estas manifestaciones de la violación al debido proceso debe ser entregada a todas las embajadas en la Ciudad de México, a todos los corresponsales extranjeros, a todas las ONG de derechos humanos, y a todos los integrantes de una lista de personalidades internacionales que no firmaron —por no ser requeridos— el texto de IDEA. Pueden ser europeos, latinoamericanos o estadounidenses, integrantes de poderes legislativos, intelectuales, periodistas, exmandatarios menos conservadores —por ejemplo, los miembros de The Elders— líderes religiosos de diferentes denominaciones, y activistas sociales y de derechos humanos de toda índole. A estas alturas ya debiera haber salido una declaración de Amnesty International y de Human Rights Watch, por ejemplo.
De igual manera, los abogados de Ruffo o su hija ya debieron haber solicitado una cita con el representante en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU.
De particular importancia resulta el informar a congresistas norteamericanos, españoles y del Parlamento europeo de la transgresión flagrante del estado de derecho en México. Aunque buena parte de los susodichos le guardan todavía un sesgo positivo a Sheinbaum, algunos, como María Elvira Salazar, Cayetana Álvarez de Toledo o miembros italianos del Parlamento europeo se encuentran en una situación diferente.
Convendría asimismo encontrar algunos gobiernos poco favorables a la 4T, probablemente latinoamericanos, que podrían plantear el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, o grupos que lo lleven a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares a favor de Ruffo. Abogados como José Miguel Vivanco o Santiago Corcuera pueden ayudar en esta tarea.
Por último, sería útil que el propio Ruffo, o sus abogados, o simpatizantes suyos en el seno de la comentocracia con presencia externa, publicaran Op-Eds en los principales diarios de Estados Unidos, de España, de Francia, de Canadá. Estas expresiones no pasan por el punto de vista sesgado de los corresponsales y pueden revestir un gran impacto.
Se trata sin duda de un esfuerzo a contracorriente. Implica la repetición incansable de las mismas gestiones: embajadas, corresponsales, ONGs, legisladores, religiosos, etc.
No existe garantía alguna del éxito, que no consistiría en la liberación de Ruffo, sino por lo menos elevarle el costo al gobierno de encarcelarlo en condiciones indebidas para un hombre de su edad y su historia de no antecedentes delictivos y de disposición a colaborar con la autoridad. Es de Sísifo el asunto, pero vale la pena, y sirve. Como espero que sirvan estas breves y simples sugerencias.