'Sancionar feminicidio distinto según la entidad es violencia'; buscan homologar criterios
Se aprobó un dictamen por parte de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, que reforma el artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.
Se estableció que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, porque no sólo daña física, psicológica, económica o patrimonialmente, sino que tiene la intención de acabar con su vida.
Con una ley general, se buscará establecer reglas comunes para todo el país, es decir, obligar a la Federación y a los estados a actuar bajo los mismos criterios y evitar diferencias normativas, lo que asegurará que los feminicidios se investiguen y sancionen con un mismo estándar para todas las autoridades, expuso la diputada Martha Micher Camarena.
Dijo que la reforma constitucional es pertinente y necesaria frente al contexto actual, pero al mismo tiempo es triste y preocupante, porque de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región, durante los últimos cinco años, al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género.
En México, agregó, sólo en 2025, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal reportó que en las fiscalías del país había cuatro mil 523 carpetas de investigación relacionadas con casos de feminicidio, lo que demuestra la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las capacidades del Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito.
La senadora Alejandra Arias señaló que investigar y sancionar de manera distinta el feminicidio en función de la entidad en donde ocurra es también una forma de violencia. “No hay vidas que valgan distinto, por eso celebro esta reforma para que el Estado deje de ser omiso y que la igualdad deje de ser un discurso y se convierta en realidad”.
Se informó también a través de un comunicado que el hecho de que el delito se tipifique de manera distinta en el país abre espacios a la impunidad por lo que se busca evitar diferencias normativas y establecer criterios homogéneos.