Sello propio
La presidencia de Claudia Sheinbaum atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de su mandato. La presión internacional, particularmente desde Estados Unidos y del entorno político de Donald Trump, ha colocado al gobierno mexicano bajo un intenso escrutinio. Las acusaciones constantes de presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y el crimen organizado han dejado de ser simples declaraciones de campaña para convertirse en un factor de tensión diplomática y política que amenaza con desgastar la legitimidad del nuevo gobierno federal.
La narrativa impulsada desde sectores conservadores estadounidenses insiste en que México ha perdido control sobre amplias regiones del país y que los cárteles poseen capacidad de infiltración institucional. En ese contexto, cada hecho violento, cada captura fallida y cada señal de corrupción es utilizada como combustible político. El problema para Sheinbaum es que esta presión llega en un momento en que su administración intenta construir una imagen de continuidad con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, en otras palabras, gobernar bajo los lineamientos de Andrés Manuel López Obrador, pero sabedora que muchas herencias del sexenio pasado son un pesado lastre que le impiden hacerlos con la estabilidad y gobernabilidad apropiada frente a los mercados y sobre todo, frente a Washington.
La situación se ha vuelto todavía más compleja con la acusación formal presentada por una corte de Manhattan contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra nueve funcionarios más, entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán, todos en funciones al momento de que se lanzó. Más allá de la dimensión jurídica del caso, el golpe político parecería enorme. Sinaloa representa simbólicamente uno de los epicentros históricos del narcotráfico en México, y cualquier señalamiento contra sus autoridades inevitablemente alimenta la percepción internacional de una relación de convivencia entre poder político y crimen organizado.
El gobierno federal queda atrapado entonces en una posición incómoda: si respalda políticamente a los señalados, corre el riesgo de ser acusado de encubrimiento; si toma distancia, abre fracturas internas dentro de Morena y reconoce implícitamente que existe una crisis de infiltración criminal. Esa es precisamente la trampa política que los adversarios de Sheinbaum buscan explotar.
En medio de este ambiente aparece también otro debate profundamente delicado: la presencia de agentes extranjeros operando en territorio mexicano. La revelación de que elementos de la CIA participaron en operaciones dentro del país sin informar formalmente a las autoridades federales provocó indignación en sectores nacionalistas y abrió un nuevo frente político. Ante ello, Morena respondió impulsando movilizaciones y planteando incluso la posibilidad de exigir juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Sin embargo, esa postura parece más una reacción propagandística que una estrategia seria de defensa institucional. Resulta válido exigir transparencia y respeto a la soberanía nacional; ningún gobierno extranjero debería operar libremente en México al margen de la Constitución. Pero convertir el tema en una marcha partidista corre el riesgo de trivializar un asunto extremadamente grave. La soberanía no puede defenderse únicamente mediante consignas o actos políticos diseñados para alimentar la polarización. El problema exige investigaciones formales, claridad jurídica y una postura firme del Estado mexicano, no solamente movilización de simpatizantes.
Además, Morena parece olvidar que durante años distintos niveles de gobierno en México han mantenido cooperación informal o discreta con agencias estadounidenses bajo el argumento del combate al narcotráfico. Por ello, utilizar ahora el tema exclusivamente como arma política contra una gobernadora opositora puede interpretarse como oportunismo y no como una defensa coherente de la legalidad. Aunque es claro que las autoridades de Chihuahua también violaron la ley.
A esta cadena de tensiones se suma otra controversia que evidenció improvisación política y desconexión con la realidad educativa del país: la propuesta de terminar el ciclo escolar cinco semanas antes de lo previsto bajo el argumento del calor extremo y la cercanía del Mundial de futbol. La idea generó desconcierto entre padres de familia, maestros y especialistas, no solamente porque implicaba afectar el calendario académico, sino porque transmitía la sensación de que las decisiones públicas comenzaban a tomarse más por cálculo político y presión mediática que por criterios técnicos.
El gobierno terminó reculando ante las críticas, y eso dejó una percepción de desorden. Es cierto que las altas temperaturas representan un problema real en varias regiones del país y que muchas escuelas carecen de infraestructura adecuada, como todos los años. Pero reducir semanas completas de clases parecía una medida precipitada y poco sustentada. Más preocupante aún fue la inclusión indirecta del Mundial como argumento dentro del debate público, como si un evento deportivo pudiera justificar alterar de manera tan profunda la educación nacional.
La administración de Sheinbaum enfrenta así un escenario particularmente complejo: presión de Estados Unidos, acusaciones internacionales contra figuras de Morena, tensiones sobre soberanía nacional y errores de comunicación política interna. El verdadero desafío no será únicamente resistir los ataques de Donald Trump o de sus aliados, sino demostrar que el gobierno puede responder con instituciones sólidas, transparencia y capacidad de autocrítica, y sobre todo, poner ya distancia de una vez con aquellas directrices anacrónicas, cargadas de resentimiento provenientes del expresidente López Obrador, y de una vez darle el sello propio al actual gobierno federal. Por el bien de México.