Soberanía prestada

Hay una escena que se repite en la historia de América Latina con la puntualidad de las tragedias griegas: el hombre poderoso del norte mira hacia el sur, frunce el ceño, y decide lo que debe ser corregido. El método varía, pero la convicción es la misma desde que James Monroe pronunció su doctrina en 1823: el hemisferio occidental es un asunto americano, es decir, un asunto de los Estados Unidos de América.

No soy de los que romantiza la soberanía latinoamericana. Hemos visto demasiados dictadores invocar la no intervención para perpetuar sus crímenes, demasiados presidentes refugiarse en el antiimperialismo para esquivar la rendición de cuentas.

Los “indictments” del 29 de abril de 2026 —diez funcionarios mexicanos: un gobernador en funciones, un senador, alcaldes y jefes policiales— son un hecho sin precedente en la historia bilateral. Trump ha nombrado a un exoficial de la CIA como embajador en México y ha desafiado a la presidenta Sheinbaum a extraditar al gobernador y a sus colegas, dejando claro que sabe que los tentáculos corruptos del crimen organizado llegan al corazón mismo del Estado mexicano.

Porque hay dos verdades que deben sostenerse simultáneamente, aunque produzcan vértigo: la primera es que la corrupción narco dentro de Morena —si los cargos son ciertos— es una catástrofe moral y política de primer orden.

Por otro lado, la segunda verdad es que ninguna de esas atrocidades debería otorgarle el poder a Washington de convertir al poder judicial de Nueva York en la corte suprema del sistema político mexicano.

Cometeríamos un grave error si redujéramos este episodio a una disputa bilateral entre dos gobiernos sobre extradiciones. Lo que está en juego es algo más profundo: la definición misma de soberanía en el siglo XXI para una nación mediana que comparte cuatro mil kilómetros de frontera con el país más poderoso de la historia humana.

La historia tiene una lógica perversa que los latinoamericanos conocemos: cuando un Estado no puede o no quiere limpiar su casa, sabemos quién llegará a limpiarla. Y el problema de esa limpieza es que siempre es selectiva, siempre responde a intereses que no necesariamente son los nuestros, y siempre deja una factura que pagamos en soberanía, en dignidad y en dependencia estructural.

En el fondo, no sólo es la corrupción narco —que existe, que es real, y que merece ser juzgada— lo que perturba, es la asimetría de poder que hace que el tribunal competente para juzgar a un gobernador mexicano sea uno ubicado en el Distrito Sur de Nueva York. Lo que perturba es que Washington utilice las leyes antiterroristas como herramienta de política exterior contra un gobierno electo con el que tiene tratados de libre comercio vigentes. Lo que perturba es que nadie en los grandes centros de análisis anglosajones se haga la pregunta obvia: ¿qué pasaría si México pidiera la extradición de los funcionarios estadounidenses que durante décadas permitieron el tráfico de armas hacia los cárteles?

La respuesta, naturalmente, es que eso no pasará. Porque ante un sistema internacional estéril y un país con claras deficiencias institucionales, la justicia la define el más fuerte.

Sin embargo, en el caso mexicano, donde la gangrena del narcotráfico implica amputación, la superpotencia no necesita inventar pretextos. Los pretextos los generan la mayoría de los gobernantes latinoamericanos que traicionan a sus electores y que, a falta de instituciones sólidas, de sistemas de justicia eficaz, y de vocación política, terminan “prestando” la soberanía, a quien realmente es capaz de ejercer el poder.