Suman 87 denuncias por retención y sustracción de menores en Durango durante 2026
La retención o sustracción de menores y personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho acumuló 87 carpetas de investigación en Durango, durante el primer semestre de 2026.
De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la mayor incidencia se concentró en el municipio de Gómez Palacio, con 38 casos; seguido por el municipio de Durango, con 32.
En conjunto, ambas demarcaciones concentraron 70 de los 87 casos reportados en el estado, equivalentes a poco más de 80 por ciento del total.
La estadística también contabilizó ocho casos en Lerdo, dos en Cuencamé, dos en Guadalupe Victoria y dos en Mezquital, mientras que Mapimí, Nazas, Nombre de Dios, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo, Tepehuanes y Vicente Guerrero registraron un caso cada uno.
El comportamiento mensual muestra un incremento durante junio, cuando se contabilizaron 31 casos, cifra que duplicó los 15 registrados en enero y mayo y superó los 12 de febrero, ocho de marzo y seis de abril.
Los datos corresponden a las carpetas reportadas mensualmente por la Fiscalía General del Estado al SESNSP y no necesariamente representan el número de víctimas, pues una investigación puede involucrar circunstancias específicas que deben ser determinadas por la autoridad ministerial y judicial.
El Código Penal del Estado establece que incurre en este delito quien, sin tener la relación de parentesco o tutela prevista por la ley, retenga u oculte a una niña, niño, adolescente o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, sin consentimiento de quien ejerza su custodia o guarda.
La retención u ocultamiento puede castigarse con seis a 12 años de prisión y multa de 500 a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), mientras que la sustracción de la custodia legítima contempla de cinco a 15 años de prisión y multa de 360 a mil 80 UMA.
Cuando la víctima es menor de 12 años, la pena aumenta a entre 10 y 25 años de prisión y de 720 a mil 800 UMA. El Código Penal también contempla sanciones específicas cuando el responsable es un familiar que no tiene la custodia legal, así como incrementos de pena si existe afectación física, psicológica o emocional de la víctima.