Tensiones y consecuencias
La señal más clara de las tensiones al interior del régimen la acaba de dar el -de nuevo- gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En un primer momento el gobernador con licencia tomó la decisión de regresar al cargo de Gobernador Constitucional de ese estado, al parecer sin consensar su regreso con las más altas autoridades del país. La Presidenta -según su dicho- se enteró de la decisión de Rocha Moya por una publicación en redes sociales.
Por poco más de treinta horas Rocha Moya tuvo el cargo de gobernador constitucional, realizó una reunión con su gabinete, quienes le informaron el estado de los asuntos prioritarios en cada uno de sus cargos, etc.
Sería interesante saber que instrucciones u órdenes dio por escrito a sus entonces subordinados, que relación tuvo con el Congreso del Estado durante esas más de treinta horas, si envió algún decreto que haya sido votado durante ese tiempo.
Esta decisión personal del gobernador se mantuvo hasta que las presiones del centro lo obligaron a reconsiderar su decisión y volvió a pedir licencia al cargo.
La historia política reciente no registra un episodio similar de desobediencia política al de los distintos grupos políticos que han gobernado el país en las últimas décadas.
La decisión de Rocha Moya de retomar el cargo de Gobernador Constitucional sin consensar la decisión con la Presidenta muestra claramente que el grupo de políticos leales al expresidente López Obrador creen que en el país opera una especie de "maximato" y que la Presidenta está subordinada al liderazgo político de AMLO, por lo que pueden tomar decisiones importantes sin tener la necesidad de consultar y buscar la aprobación de la Presidencia de la República.
Las consecuencias de la decisión que tomó Rocha Moya no solamente tienen implicaciones para el estado de Sinaloa, sino para el país, ya que se trata de una persona acusada por el gobierno de los Estados Unidos, que en su momento tendrá que decidir la manera en que va a transitar su proceso judicial y el de las otras nueve personas acusadas junto con él.
Al tomar la decisión de regresar al cargo de Gobernador Constitucional, al parecer Rocha Moya no tomó en cuenta que su ex secretario de seguridad y su ex secretario de finanzas colaboran con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La única forma en que estos exfuncionarios pueden aspirar a obtener beneficios en sus propios procesos judiciales en aquel país es proporcionando pruebas que incriminen a personas con mayor responsabilidad y poder que ellos mismos.
La manera en que se ha desarrollado esta trama política muestra la fragilidad de los acuerdos entre los grupos que componen la élite del régimen. El problema es que estas disputas de poder pueden tener consecuencias reales para todos los mexicanos: el gobierno de Estados Unidos, que mezcla todos los temas al negociar asuntos bilaterales, puede presionar de múltiples maneras al gobierno mexicano por permitir que una persona acusada por su sistema judicial retome una posición política que le garantiza impunidad.
X: @jesusmenav