Transporte público caro, sindicatos intocables y usuarios cautivos
Cada año que se asoma la discusión sobre un posible aumento a la tarifa del transporte público en Durango, el guion se repite sin pudor por parte de los sindicatos que advierten colapsos financieros, amenazas de paros y cancelación de rutas. Una presión constante para que el costo vuelva a recaer, una vez más, en el usuario.
Respecto a ello, lo que muy rara vez se pone sobre la mesa de análisis, es el cuestionamiento sobre el por qué en la entidad y los municipios más grandes, hoy por hoy se sigue manteniendo y defendiendo un esquema de concesiones que ha demostrado ser ineficiente, opaco y profundamente injusto para la ciudadanía en general.
Y es que el modelo -desde hace muchos años- no solo ha quedado agotado, sino que, es además arcaico, se sostiene artificialmente a costa de un servicio deficiente. Autobuses viejos, contaminantes, incómodos, con fallas mecánicas visibles y sin un estándar mínimo de calidad, son parte de su realidad cotidiana.
Ya ni hablemos de la falta de respeto a las rutas, choferes desalineados conduciendo con música a todo volumen, los tiempos excesivos de traslado y una atención al usuario que, aunque no en todos los casos, sí son varios los que dejan mucho que desear. En ese contexto, pretender justificar un aumento tarifario que hasta resulta ofensivo.
Los líderes sindicales, -los más beneficiados de todo este negocio- insisten en que los incrementos en combustibles, refacciones y salarios hacen insostenible la operación. No obstante, ese argumento omite deliberadamente el punto clave de la mala administración del sistema y la concentración de las concesiones.
Se tiene que decir, porque el gobierno ha cedido el poder a unos cuantos dirigentes longevos que, desde hace décadas, controlan rutas y decisiones, sin rendir cuentas ni asumir responsabilidades por el deterioro del servicio. Si el problema es financiero, la primera revisión debería darse al interior de los propios sindicatos y no trasladarse en automático al bolsillo del usuario.
El transporte público no debe entenderse como un favor ni un privilegio, sino como un derecho y una obligación del Estado. Cuando los concesionarios afirman que ya no es rentable operar ciertas rutas, quizá la discusión no deba girar en torno a cuánto más pagar, sino a si el esquema sigue teniendo sentido.
En otras plazas del país, la transición hacia empresas zonales o sistemas públicos de transporte ha demostrado que sí es posible profesionalizar la movilidad, modernizar las unidades y dignificar el trabajo de los choferes sin cargar el costo a los usuarios. El debate sobre la tarifa debería ser el último paso, no el primero.
Durango ya no puede, y no debería continuar atrapado en un sistema donde el chantaje de los sindicatos sustituye a la planeación y sus amenazas reemplazan a la mejora del servicio. Sostener el actual modelo, solo prolonga una simulación que beneficia a unos pocos y castiga a miles de personas que necesitan diariamente llegar a su destino.
EN LA BALANZA.- La decisión de la mayoría en el Cabildo de Durango -a excepción de MC y PT- de mantener intacto el aumento al impuesto predial, puso de manifiesto nuevamente esa desconexión entre autoridades y la sociedad a la que dicen servir. Fuera de los argumentos recaudatorios, el mensaje político fue muy claro, pues la inconformidad social no fue suficiente para abrir un debate real que justificara una medida que impacta directamente en la economía familiar. El "Predial Perrón", se consolidó como un símbolo del distanciamiento entre el poder y una ciudadanía que no se sintió escuchada ni representada, pero habrá de cobrar factura cuando se le pida nuevamente el voto.
X: @Vic_Montenegro