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El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha escalado a un nuevo nivel tras revelarse que múltiples cuentas bancarias a su nombre y de su entorno cercano fueron bloqueadas por autoridades federales.
La medida, impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos, el papel del sistema financiero y el contexto internacional que rodea la investigación.
Una red de cuentas en distintos bancos
De acuerdo con información derivada de su propia declaración patrimonial, Rocha Moya mantenía al menos cinco instrumentos financieros distribuidos en diversas instituciones bancarias. Entre ellas destacan Banamex, Banorte y Scotiabank, donde concentraba cuentas de ahorro, depósitos a plazo e incluso productos de crédito.
Estos registros no solo evidencian la diversificación de sus recursos financieros, sino también la magnitud del alcance de la medida aplicada por Hacienda. El bloqueo no se limitó a una sola institución, sino que abarcó todo el sistema bancario donde el funcionario tenía presencia.
El papel de Hacienda y la UIF
El congelamiento de cuentas responde a un acuerdo emitido por la UIF, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, que ordenó a las instituciones financieras inmovilizar los recursos vinculados al mandatario, sus familiares y algunos exfuncionarios.
Este tipo de acciones forman parte de protocolos relacionados con la prevención de delitos financieros, particularmente aquellos asociados con lavado de dinero o irregularidades fiscales. En una primera etapa, las autoridades solicitan información detallada a los bancos, posteriormente, si se detectan indicios, se procede al bloqueo de cuentas como medida preventiva.
Señalamientos internacionales intensifican el caso
El contexto del bloqueo no es menor, las investigaciones se dan tras señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses, que vinculan al mandatario con presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico.
Estas acusaciones han provocado que el sistema financiero mexicano active mecanismos de control más estrictos, no solo para cumplir con la legislación nacional, sino también para evitar repercusiones internacionales. La presión externa ha sido un factor clave en la rapidez y contundencia de las acciones.
Un caso que sacude al sistema político y financiero
El congelamiento de cuentas de un alto funcionario no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas y económicas. Por un lado, pone en entredicho la transparencia en el manejo de recursos públicos; por otro, evidencia la capacidad del sistema financiero para actuar ante posibles riesgos.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Rocha Moya se perfila como uno de los más relevantes en materia de fiscalización y combate a delitos financieros en México, con posibles repercusiones tanto a nivel nacional como internacional.