Va Sheinbaum por nueva ley ambiental
Está en marcha el proceso que busca expedir una nueva ley ambiental en México y sustituir por completo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) vigente desde 1988. La serie de pasos públicos para el cambio de ley inició el 14 de mayo cuando la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria publicó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum con el proyecto de decreto respectivo para abrogar la ley vigente y sustituirla por un nuevo marco normativo ambiental federal. El 26 de agosto, la mandataria firmó en Palacio Nacional la iniciativa y la secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, la explicó en la conferencia matutina mientras en su cuenta de la red social X se refirió a ella con un nuevo nombre: Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental. Pasa al Congreso de la Unión.
En el proceso, el 3 de agosto se realizó en instalaciones de la Cámara de Diputados el “Foro nacional para la modernización de la LGEEPA 2026. Retos, oportunidades y propuestas para el fortalecimiento de la Legislación Ambiental en México”.
En tal foro sobresalió que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) consideró que la iniciativa del Ejecutivo federal incluye “avances muy relevantes”, pero también puntualizó 10 aspectos preocupantes que “deben ser revisados y modificados por el poder legislativo federal”, e hizo un llamado al Congreso de la Unión para que antes de la dictaminación convoque a un proceso amplio de Parlamento Abierto que permita la participación efectiva de la sociedad.
El 7 de agosto, durante la Tercera Reunión Temática de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la Semarnat anunció que en este agosto presentaría una propuesta para actualizar la LGEEPA. Fue la presidencial, sucedió el día 26.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es el principal ordenamiento jurídico vigente en materia de protección al ambiente en su conjunto.
Dicha ley tuvo su origen en una iniciativa del Ejecutivo Federal que fue formulada en los primeros días de noviembre de 1987. Era presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Se aplicaba ya el modelo neoliberal en México.
Aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la LGEEPA fue promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988.
La LGEEPA ha sido el principal marco normativo de México que regula la preservación, restauración y protección del medio ambiente en el territorio nacional.
Esta ley general ha fijado los presupuestos mínimos y un marco común obligatorio en todo el país que después se detalla a través de reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y leyes especiales.
En distribución de competencias, ha establecido la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno: la Federación, los estados y los municipios.
Con enfoque preventivo, la ley de 1988 ordena priorizar la prevención del daño ambiental sobre las labores posteriores de reparación o remediación.
Cuenta la LGEEPA con instrumentos de política ambiental, herramientas de gestión como el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación de impacto ambiental (EIA), las áreas naturales protegidas (ANP) y la instrumentación económica.
Respecto a la Participación Ciudadana, estableció la garantía del derecho a la información ambiental, la denuncia popular y la participación ciudadana en las decisiones ecológicas.
Con referencia a vigilancia y cumplimiento, otorgó facultades de inspección, imposición de medidas de seguridad y sanciones administrativas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los objetivos fundamentales que se propuso alcanzar la LGEEPA de 1988, vigente, fueron medio ambiente sano, desarrollo sustentable y protección a la biodiversidad.
En medio ambiente sano se propuso garantizar el derecho humano de toda persona a vivir en un entorno adecuado para su salud y desarrollo; en desarrollo sustentable, compatibilizar las actividades socioeconómicas y la obtención de beneficios con la preservación de los ecosistemas; en protección a la biodiversidad, administrar y salvaguardar las especies, los recursos naturales, el agua, el suelo y las áreas naturales protegidas.
Ahora bien, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum propone derogar la LGEEPA y expedir una nueva ley ambiental que incorpore conceptos como adaptación, compensación ambiental, conmutación, valoración económica y evaluación ambiental estratégica, entre muchos otros.
La nueva ley ambiental buscaría actualizar normas para enfrentar el cambio climático, la pérdida de naturaleza y la contaminación; en justicia ambiental, unir el bienestar social con la protección de los ecosistemas; en apoyo a comunidades, dar financiamiento a quienes cuidan las áreas naturales protegidas.
Nuevas herramientas serían la evaluación estratégica para analizar el daño ambiental de proyectos y políticas antes de realizarlos; reglas estrictas para castigar con mayor firmeza los daños a la naturaleza; la defensa de derechos para cuidar la salud de niñas, niños y proteger a las personas defensoras del medio ambiente, conforme a los estándares del Acuerdo de Escazú.
El 2 de julio, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a través de un pronunciamiento, hizo un llamado al Congreso de la Unión para que, antes de la dictaminación de la iniciativa, convoque a un proceso amplio de Parlamento Abierto que permita la participación efectiva de comunidades, pueblos, indígenas y afromexicanos, personas defensoras ambientales, academia, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, sector productivo y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
Sólo mediante un proceso abierto, incluyente y participativo -dijo- será posible contar con una nueva legislación ambiental legítima, sólida y capaz de garantizar la protección de la naturaleza y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.