Washington apunta hacia El Triángulo Dorado
La nueva estrategia antidrogas de Donald Trump no es un simple endurecimiento del discurso, sino un cambio de paradigma. Al declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva y a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, Washington ha cruzado una línea que transforma el combate al narcotráfico en un asunto de seguridad nacional bajo una lógica de guerra.
El lenguaje no es menor; redefine reglas, desbloquea candados internacionales al habilitar instrumentos legales más agresivos y, sobre todo, amplía el espectro de objetivos, que ya no se limita a los capos de la droga, sino que incluye redes financieras, logísticas y de funcionarios públicos señalados por facilitar sus operaciones. Por corrupción.
Para México y el gobierno de Claudia Sheinbaum, este viraje implica un complicadísimo desafío, como el de defender la soberanía sin perder el control del territorio nacional. La narrativa estadounidense apunta directamente a una supuesta "falta de voluntad política", lo que en términos diplomáticos constituye una acusación frontal.
Bajo esa premisa, la creación de un mando unificado de inteligencia como el Homeland Security Task Force (HSTF) -que integra agencias como la DEA, el FBI, el DSN y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos- anticipa una política de intervención más ofensiva, incluso sin consentimiento explícito, lo que tensiona inevitablemente la relación bilateral. Los casos recientes en el norte de México no son casualidad, sino piezas de ese mismo tablero.
En Chihuahua, la presencia de agentes de la CIA en operativos encubiertos evidencia que esa estrategia ya está en marcha. En Sinaloa, las acusaciones contra Rubén Rocha Moya colocan, por primera vez, a un mandatario estatal en el centro de una tormenta internacional de esta magnitud. No es solo un tema judicial; es un golpe político que abre grietas en la relación México-Estados Unidos y en la credibilidad institucional.
En ese contexto, Durango deja de ser un espectador periférico. Como parte del llamado Triángulo Dorado, hoy está también bajo la mira de Washington. Los operativos recientes en la sierra duranguense y la expansión de actividades criminales a otras regiones del estado lo colocan en una posición vulnerable dentro de esta nueva lógica de intervención. La posición de Esteban Villegas refleja, en buena medida, la incertidumbre del momento.
Y es que la postura cautelosa del Gobernador de Durango frente al caso Rocha es políticamente comprensible; sin embargo, revela también los márgenes limitados de maniobra que tienen los gobiernos estatales ante una presión internacional de esta naturaleza. Más aun cuando persisten dudas no resueltas, como la supuesta cancelación de su visa y la decisión de voltear hacia China como alternativa económica.
El problema es que la estrategia de Trump no distingue matices locales ni tiempos políticos internos. Para Washington, el combate al narcotráfico es ahora una guerra total. En esa lógica, cualquier territorio dentro del Triángulo Dorado es susceptible de intervención, directa o indirecta. Para los gobernadores, el mensaje es claro: deberán demostrar, con hechos contundentes, que no existe tolerancia o vínculo con estructuras criminales.
La advertencia de las mujeres empresarias de Durango confirma la realidad de una economía local que se mantiene en una preocupante inercia. La falta de circulante no solo limita el crecimiento comercial, sino que empuja a los ciudadanos a sostener su consumo a través del crédito, una solución inmediata pero insostenible en el mediano plazo. Cuando las ventas apenas se mantienen y no hay señales de recuperación, el problema deja de ser coyuntural para volverse estructural. Apostar al consumo local es necesario, sí, pero insuficiente si no existe una estrategia más amplia que reactive la economía, genere empleo y devuelva liquidez real a las familias.
X: @Vic_Montenegro