Se debe invertir más en seguridad

En la medida en la que constitucionalmente cada Ayuntamiento tiene la obligación de brindar seguridad a sus ciudadanos, también está obligado a garantizar que los elementos de las Direcciones Municipales de Seguridad Pública cuenten con salarios dignos y prestaciones de acuerdo con la actividad que realizan.

Y es que a pesar de ser considerados puestos de alto riesgo, a nivel municipal los alcaldes reconocen que no cuentan con recursos para pagar seguridad social a sus policías y estos tampoco cuentan con una póliza de seguro en caso de algún accidente.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Javier Castrellón Garza, afirmó que como parte de la política estatal de seguridad se ha ponderado la creación de un modelo policial óptimo, con mejores salarios y prestaciones, así como capacitación y equipamiento para quienes prestan servicio en las corporaciones de seguridad.

Los avances, sin embargo, se han quedado a nivel estatal porque a nivel municipal uno de los factores que complican la captación de nuevos cadetes tiene que ver con la calidad de los salarios que perciben y con la falta de prestaciones para ellos y sus familias.

Cuestiones tan simples como la adquisición de un crédito para vivienda es algo en lo que recientemente empezó a trabajar la Secretaría para sus elementos estatales; a nivel municipal el tema no está a discusión.

A nivel municipal, según los tabuladores municipales de percepciones, el máximo que puede ganar un policía municipal apenas supera los tres mil pesos.

El funcionario añade que es necesario que de manera individual cada uno de los municipios organice sus finanzas de tal forma que los elementos puedan contar con un mejor esquema de prestaciones.

"Lo hemos visto con cada uno de los alcaldes, pero sí es una obligación de ellos, en tanto no se reforme la Constitución para que exista una sola corporación policial la obligación tendrán que entrarle de lleno los alcaldes".

Financieramente, reiteró, les toca a ellos organizar sus ingresos de forma que sea posible tener una mayor inversión en materia de seguridad, que además es una prioridad para la ciudadanía, y ahí se incluye respetar los derechos laborales de los policías.