En el año 2012, el Gobierno del Estado vendió un predio (que el mismo ente compraría de nuevo años después) por un monto total de 140 millones de pesos.
Lo obtenido por esa subasta, según el acuerdo legal avalado por los diputados locales, era informar el destino del recurso obtenido por la transacción.
A seis años de aquella operación, realizada en los últimos días de administración estatal del hoy dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, Ismael Hernández Deras, se desconoce el destino de tal recurso.
La venta se le hizo a una empresa debidamente registrada, pero sin antecedentes tangibles en su giro dentro del sector de la construcción.
La operación adquirió tintes aún más extraños dos años después de consolidada, pues en 2014 el Gobierno del Estado, pero ya con Jorge Herrera Caldera al frente, volvería a comprar esos terrenos, aunque a un precio escandalosamente menor al de venta. Sí: menor.