Argumenta Robles la falta de su firma
Las mil 469 páginas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado sobre las gestiones de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) muestran que, de 2013 a 2016, hubo un posible daño al erario por 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos.
La defensa por la que optó Robles Berlanga fue declarar que en ningún documento relacionado con el mal uso de dinero público está su firma. Aunque en una de las auditorías de 2015 se constata que autorizó los manuales de Organización y de Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto y de Recursos Materiales, áreas clave en la operación y control de contratos.
Además, ha asegurado que todas las contrataciones y convenios tanto de Sedesol como de Sedatu son legales, ya que se han hecho "bajo el amparo" del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. No obstante, la Auditoría observó una y otra vez que se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
El total de auditorías, revisadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo, testifica que durante su estancia al frente de la Sedesol (2013-agosto 2015), hubo dudas por seis mil 558 millones 420 mil 667 pesos. Y en la Sedatu -hasta el momento únicamente observaciones de 2016- dudas por cuatrp mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
Está documentado por la ASF que durante el periodo de gestión de Rosario Robles Berlanga se realizaron adjudicaciones directas de Sedesol y Sedatu a universidades públicas como la de Morelos, Estado de México, Chiapas o institutos de educación para diversos servicios, a pesar de que no poseen la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con lo contratado.
Dichas instancias pagaban a terceros por los servicios, lo que generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares, concluyó la ASF.