Familia reclama predio 'El Carrizo'; litigio lleva 16 años

En marzo de 2005 los hermanos Noe, José Carmel y Adán Navarrete Estrada compraron, junto con Efraín Estrada Meléndez, el predio rústico “El Carrizo” en el municipio de Ocampo a la familia Bordier Medina, sin embargo 16 años después los problemas legales con habitantes de la comunidad Rancho Nuevo, que se dicen propietarios del terreno, no se han resuelto.

De acuerdo a lo referido por el representante legal de la familia Navarrete Estrada, los problemas iniciaron en junio de 2012 cuando fueron demandados por habitantes de la comunidad Rancho Nuevo.

En la denuncia, los vecinos alegaron que de poseedores de la tierra se habían convertido en dueños de las más de dos mil hectáreas que conforman el predio “El Carrizo”.

En junio de 2015, tres años después, el Juez Mixto de Primera Instancia dictó una sentencia definitiva en favor de los tres hermanos y su copropietario Efraín Estrada Meléndez.

Inconformes con la sentencia, los demandantes de la comunidad interpusieron un recurso de apelación a la sentencia que, sin embargo, fue confirmada por la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango en febrero de 2016.

Los hermanos acusan que a pesar de que dicha resolución ordenaba poner en posesión a los legítimos propietarios del predio rústico con todos sus frutos y accesiones fue necesario interponer un amparo ante un Juez Federal para obligar al Poder Judicial en Durango a ejecutar la sentencia.

Fue hasta el 9 de octubre del 2018 que el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Oro, por conducto del actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional puso en posesión material y jurídica del predio a los tres hermanos Navarrete y a Efraín Estrada.

Unos días después, habitantes de la comunidad metieron cientos de cabezas de ganado sacando incluso los animales que eran propiedad de los hermanos Navarrete Estrada, lo que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que no ha prosperado, lo que eleva las pérdidas para los propietarios del predio.

Ahora, los cuatro propietarios del predio buscan que el Gobierno de la República atienda el caso a fin de que se cumpla con lo que establece la Ley y que al mismo tiempo haya una sana convivencia entre los habitantes del municipio.