Tiene FGR acusación 'a medias'
La Fiscalía General de la República (FGR) sólo sustenta las acusaciones de delincuencia organizada, "lavado" de dinero y defraudación fiscal con las que pretende retirar la inmunidad procesal al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y no prueba las acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado.
El caso está basado en la compra-venta de un departamento en Santa Fe; el impago de seis millones de pesos de impuestos, y se le acusa de encabezar una organización criminal para extraer más de 55 millones de pesos del erario de su estado con el apoyo de empresas fachada, para beneficiar a una compañía familiar.
De acuerdo con la solicitud de desafuero que presenta la FGR ante la Cámara de Diputados y se describe que esta solicitud tiene su origen en la denuncia que exhibe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y detalla que entre 2016 y 2019, García Cabeza de Vaca, los integrantes de su familia y dos empresarios se organizaron para obtener millones de pesos provenientes del erario de Tamaulipas.
Lo anterior, con presuntas licitaciones y contratos de obra pública celebrados a través de Higinio Baltazar "N", socio y administrador de las empresas Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, S.A. de C.V., y Barca de Reynosa S.A. de C.V., (ambas sin empleados registrados ante el IMSS), quien posteriormente envía grandes cantidades de recursos a Juan Francisco "N", socio de la empresa T Seis Doce S.A. de C.V., y quien regresa los recursos directamente al gobernador tamaulipeco.
Este sería el primer caso de desafuero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se da en un contexto electoral y con declaraciones que acusan de nexos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, compra de decenas de casas en Estados Unidos, pero ninguna de estos señalamientos vienen comprobados en la carpeta de investigación.
La FGR documenta que entre 2016 y 2018 hubo dos licitaciones y un contrato donde el gobierno de Tamaulipas entregó más de 55 millones 640 mil pesos a las personas morales representadas por Higinio Baltazar "N" para, entre otras, construir el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en Reynosa. De acuerdo con la FGR, se corrobora que Higinio Baltazar "N" envía 33 millones 553 mil 500 pesos a Juan Francisco "N", accionista y apoderado de T Seis Doce S.A. de C.V., y éste a su vez, durante 2019, transfiere 36 millones 861 mil 613 pesos a la cuenta de Banco Regional S.A., a nombre del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Ya con este dinero en su cuenta, García Cabeza de Vaca dispersa 13 millones 104 mil 992 pesos a un crédito no identificado, y 23 millones 575 mil a la persona moral: Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava S.A. de C.V., de la cual el gobernador es socio directo junto con sus familiares, constituida desde 2014.
Ante esto, se documenta que entre el 30 de mayo y el 10 de diciembre de 2019, en esa cuenta de Banco Regional, García Cabeza de Vaca recibe 42 millones 936 mil 272 pesos en 10 distintos depósitos.
"Lavado" de dinero. En esa acusación de 90 páginas describen que en su declaración fiscal de 2019 ante el SAT, así como en su declaración patrimonial y su complementaria (extemporánea) del mismo periodo, García Cabeza de Vaca declara la operación de venta de un inmueble en la Ciudad de México, en la que indica un monto inicial que no cubre con la operación que se refleja en los estados de cuenta; sin embargo, se autocorrige e indica que el monto fue superior a lo realmente declarado, y señala que se debe a que fue una venta en copropiedad con su cónyuge.
La fiscalía precisa que el político tamaulipeco aprovecha su función como gobernador a fin de ocultar el origen de los recursos que ingresa al sistema financiero para dificultar su localización.