Colectivo ve persecución contra la familia Chamorro
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más acusó este sábado al Gobierno de Daniel Ortega de ejecutar una "persecución" contra la familia del héroe nicaragüense asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, a menos de cuatro meses y medio de los comicios presidenciales.
Dos hijos del héroe nacional y de la exmandataria (1990-1997), próxima a cumplir 92 años, han sido detenidos en los últimos 25 días bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, y por supuesto lavado de dinero, y un tercero ha tenido que huir del país para resguardar su libertad.
El hijo mayor, el exdiputado y exministro Pedro Joaquín Chamorro Barrios, del opositor partido Ciudadanos por la Libertad, fue arrestado la noche de este viernes, lo cual, para el organismo humanitario, "evidencia una persecución contra la familia Chamorro".
Ese organismo, integrado por defensores de derechos humanos nicaragüenses exiliados en Costa Rica por razones de seguridad, argumentó que las autoridades mantienen bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio pasado a la hija menor, la aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo.
"Mientras que al periodista Carlos Fernando Chamorro (otro de los hijos) le han confiscado en dos ocasiones la sala de redacción de Confidencial", un medio que dirige, y "en días recientes pretendieron capturarlo, forzando su exilio", indicó.
También un sobrino, el economista y aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, se encuentra detenido.
Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas al Gobierno sandinista y galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset, anunció esta semana que se tuvo que exiliar por segunda vez en los últimos tres años, junto con su esposa, "para resguardar" su "libertad".
El periodista calificó el arresto de su hermano mayor, realizado cerca de la medianoche, como un "secuestro", y denunció que el Ejecutivo pretende "fabricar presuntos crímenes y delitos penales contra los ciudadanos que demandan elecciones libres", citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada en diciembre pasado.
Esa polémica ley, promovida por el Ejecutivo, cataloga los "traidores a la patria" y los inhabilita a optar a cargos públicos.