Prensa nicaraguense acusa a Ortega de intentar un 'apagón informativo
El Gobierno de Nicaragua "intenta instaurar un apagón informativo" en este país centroamericano a falta de cuatro meses para las elecciones generales, en las que el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, buscará una nueva reelección, concluyó un informe divulgado ayer por el diario La Prensa.
"En Nicaragua las amenazas, agresiones e intentos de silenciar al periodismo independiente, no son recientes, datan desde la llegada al poder del Gobierno de Daniel Ortega en 2007", señaló La Prensa, el periódico más antiguo del país, en un informe de monitoreo y seguimiento a casos de violaciones a la libertad de prensa.
Ese diario alertó que "en el bimestre mayo-junio de 2021 han aumentado a gran escala y con altos niveles de violencia y hostilidad estatal" las violaciones a la libertad de prensa, y que la Ley Especial de Ciberdelitos, en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, "es la principal amenaza jurídica con la que el Gobierno busca intimidar a directores de medios, directores de programas y reporteros de todo el país".
"Así se ha evidenciado en los incriminatorios interrogatorios implementados por la Fiscalía desde el pasado mes de mayo del 2021", argumentó.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, advirtió a los periodistas que no deben estar publicando "noticias falsas" sobre temas de salud, con información de "falsos médicos y con falsos pronósticos", lo cual está penado en la Ley Especial de Ciberdelitos. Esa ley, que ha sido bautizada como "Ley Mordaza" o "Ley Bozal" por gremios periodísticos independientes, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la "seguridad del Estado".
La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella o a una familia.
La ley contiene 25 definiciones, sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa ("fakenews") e información tergiversada.
Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
El pasado 25 de mayo, la vicepresidenta también cargó contra los periodistas, a los que acusó de "inventar cualquier cosa para sembrar el terror", los tildó de "malignos", "hipócritas", "destructores", "criminales", "terroristas de la comunicación", y agradeció a Dios que van "quedando en unos cuantos miserables".