L A Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de los Estados Americanos (MVE/OEA) estuvo integrada por 14 especialistas de 8 nacionalidades, para darle seguimiento a aspectos clave del proceso, como la organización electoral, el uso de tecnología y seguridad informática, el sistema de justicia electoral, el voto en el exterior, el acceso a la información y la libertad de expresión, así como elementos específicos de un mecanismo de democracia directa de revocación de mandato, realizada el 10 de abril.
Sostuvo reuniones con autoridades electorales, asociaciones promoventes, grupos a favor y en contra, dirigentes de partidos, personas de la academia y sociedad civil.
Realizó revisiones a la legislación y otros documentos, así como la observación directa; solicitando, sin éxito, reuniones con distintas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Mencionan que la activación de la revocación "fue mayormente impulsada por una organización civil que estaba a favor de la continuidad del primer mandatario", señalando que la gran mayoría de los actores con quienes se reunieron les manifestaron de manera explícita o a modo de crítica: que "se llevó a cabo un ejercicio de ratificación, dándole un sentido inverso a la figura que establece la Constitución".
Observaron que el proceso estuvo marcado por una alta polarización; algunos aspectos fueron motivo de controversia, debate público y acusaciones; los ejes principales de discusión fueron la regulación, el presupuesto asignado al INE, la cantidad de casillas instaladas, los procedimientos para activación y difusión, así como las infracciones a las normas por parte de funcionarios públicos del más alto nivel.
Representantes de los más altos niveles de gobierno realizaron acusaciones contra la autoridad electoral, incluyendo una acusación penal por parte del presidente de la Cámara de Diputados que fue rechazada por el Presidente de la República.
El 29 de marzo el Presidente de la República anunció que enviará al Congreso una propuesta de reforma constitucional para que las autoridades del INE y TEPJF sean elegidas por voto popular, con lo que se garantizará "la democracia en México y ya no habrá jueces con actitudes tendenciosas"
En reuniones con actores políticos y de la sociedad civil, recibieron reclamos sobre el actuar de dos consejeros electorales, quienes, a su criterio, no respetan su deber de imparcialidad como autoridades electorales.
La misión hace una serie de recomendaciones, a la reforma normativa de la revocación, a modo de adecuarla a la naturaleza de este tipo de ejercicios.
Aumentar porcentaje de firmas para la activación de la "revocación"; medidas de seguridad en el proceso de recolección de firmas en papel; mecanismos para atender casos de firma sin consentimiento de la persona;
"Reformular la pregunta para que sea estrictamente compatible con la naturaleza del mecanismo"; establecer criterios técnicos para la revisión de futuras preguntas, asegurando que sean claras, neutras y fáciles de comprender.
Orientar la comunicación social desde la libre circulación de ideas e información, el debate plural a la opinión pública, "para emitir un voto informado"; respetar la legalidad, legitimidad del fin perseguido y su necesidad; reconsiderar la norma de neutralidad para que la autoridad a ser revocada pueda argumentar su continuidad; regular la compra de propaganda por empresas evitando posibles inequidades.
Se garantice al INE los recursos que requiere para cumplir con sus funciones.
Reducir la brecha existente entre las personas que residen en el exterior y la lista nominal existente; comunicar oportunamente las fechas y procedimiento para el registro de electores en el exterior;
Fortalecer la ciberseguridad.
"La Misión reitera lo señalado en 2021 sobre la importancia de resguardar la independencia de la autoridad electoral y evitar presiones indebidas que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones; el sistema político mexicano y la sociedad en su conjunto se benefician de contar con instituciones electorales sólidas, profesionales e imparciales".
Con base en la experiencia acumulada en seis décadas por la OEA en materia electoral, la Misión considera que el sistema electoral mexicano se caracteriza tanto por su fortaleza en la administración de los comicios como por contar con un robusto sistema de justicia electoral, con autoridades autónomas y especializadas en la materia.
Si bien todo sistema electoral es perfectible, consideran que las reformas que sean introducidas deben apuntar a fortalecer al organismo y no a restarle autonomía o capacidad técnica, lo cual significaría un retroceso importante para la democracia mexicana.
Es un informe amplio que sustenta cada recomendación mencionando es preliminar.
Esperemos que el costoso experimento realizado defina y adquiera con claridad la naturaleza y el fin de una revocación democrática.
* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado de Mayor y Maestro.