Logran acuerdo en demanda por dinero confiscado
Una compañía de camiones de transporte de dinero de Pensilvania llegó a un acuerdo en su demanda en que acusó a la policía del condado San Bernardino de confiscar ilegalmente más de un millón de dólares en efectivo de negocios de marihuana medicinal.
El acuerdo sin compensación económica anunciado el pasado viernes permite a Empyreal Logistics reanudar sus servicios luego que dos camiones de transporte de efectivo fueron parados y el dinero confiscado en noviembre y diciembre, publicó el diario The Sun of San Bernardino.
Los agentes indicaron en la orden de registro que existía una causa probable de que se había cometido un delito grave cuando el vehículo fue detenido el 16 de noviembre y se confiscaron 700,000 dólares.
Aunque California es uno de 37 estados que permiten el uso de marihuana medicinal y uno de 18 que legalizó su uso recreativo, la droga sigue siendo ilegal bajo las leyes federales.
Como los bancos grandes y las compañías de tarjetas de crédito han evitado la industria, ésta opera básicamente en efectivo. Como resultado, algunos negocios han empleado vehículos blindados para transportar grandes cantidades de efectivo.
En un comunicado, el departamento de policía reconoció que Empyreal actuó de buena fe.
Previamente, la compañía había llegado a un acuerdo bajo el que las agencias federales del orden participantes, incluyendo el FBI y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), acordaron devolver el dinero.
La directora general de Empyreal, Deirdra O'Gorman, dijo que la compañía demandó en una corte federal porque sus clientes de cannabis licenciados por el estado y sus clientes de instituciones financieras operan legalmente.
"Ahora que los fondos han sido devueltos y después de reunirnos con el jefe policial, confiamos en poder continuar atendiendo a negocios estatales legales sin interrupciones futuras", afirmó O'Gorman en un comunicado.
Bajo las leyes federales de decomiso, si la agencias del orden hubiesen tenido derecho de retener el dinero como ingresos derivados de un delito, el condado San Bernardino habría podido quedarse con 80 % del efectivo y el gobierno federal habría recibido el resto.