A punto de ir a la cárcel por abortar
Tras haber abortado permaneció esposada en la cama del hospital a donde la llevaron. Su estado de salud se había complicado por el par de pastillas abortivas que tomó; tenía entonces 22 años de edad.
Su detención se debió a una investigación en su contra porque en Durango el aborto es un delito establecido en el artículo 150.
Como este hecho, el año pasado se registraron 25 más. Esto según los datos contenidos en las carpetas de investigación abiertas de enero a noviembre por los agentes del ministerio público en diferentes partes del estado.
El Siglo de Durango informó en marzo sobre la detención de una menor de 17 años y una joven de 18 años, procedentes de la ciudad de Gómez Palacio.
A decir de Julieta Hernández Camargo, presidenta de la Asociación Si Hay Mujeres en Durango, los arrestos se presentan principalmente en los centros médicos cuando ingresa una mujer con malestares físicos por ingerir medicamentos o hierbas. Así ocurrió con la adolescente de 17: policías municipales la detuvieron luego de que llegó al área de urgencias del Hospital General de Gómez Palacio con sangrado abundante.
Ahí confesó que había tomado unas pastillas para abortar.
El otro lugar en el que se presentan casos es en las escuelas, como en la preparatoria donde arrestaron a la chica de 18 años ya que se provocó el aborto y al sentirse mal en el salón confesó.
Igual que la menor, fue detenida por agentes municipales y trasladada a las celdas de la Policía Investigadora de Delitos, a cargo del Ministerio Público.
En marzo pasado ellas dos se integraron a la estadística oficial que documentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en febrero y agosto documentó el mismo número; mientras que en abril registró cuatro; en mayo, tres; uno, en junio; julio tuvo cinco; agosto, dos; septiembre, cinco; octubre, uno; y noviembre, cero. Pero aún falta que se actualice diciembre para conocer la cifra total anual.
De ser encontradas culpables la Ley establece una pena carcelaria de uno a tres años, así como una multa de 72 a 216 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir una sanción económica de entre seis mil 083 y 18 mil 249 pesos.
El Código Penal establece esto para "la mujer que diere muerte al producto de su propia concepción o consintiere en que otro se la diere".
Recientemente la organización de Hernández Camargo apeló una sentencia contra una mujer que abortó a quien con la finalidad de aplicarle una sentencia más alta se le acusó de homicidio en razón del parentesco, por lo cual la castigaron con 37 años de prisión de los cuales lleva dos en el Cereso número 1 de Durango.
Sin embargo, toda vez está en proceso el recurso legal para defender a esta mujer omitió detalles sobre el caso, empero recalcó que debió configurarse como aborto.
El otro hecho fue de una mujer a la que Gerardo Rojas Favela, vicepresidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONAAM), sacó de prisión con un amparo, ya que ella parió en un basurero y el producto murió.
Las causas por las que la ley no permite el encarcelamiento de quienes aborten son cuando sea accidental, que el embarazo sea resultado de una violación, y cuando de no provocar el aborto la mujer corra peligro de muerte.
Pero todo esto queda a criterio del Ministerio Público quien investiga y pide al juez las medidas cautelares y la imputación del delito.
Sin embargo, incluso en casos de víctimas de violación sexual que terminan embarazadas, servidores públicos prohíben el aborto, denunció Hernández Camargo.
En la historia de Durango sólo se ha autorizado un aborto legal, en el 2018, a una víctima de violación sexual.
Esto pese a que la ley permite que sólo con un escrito de la víctima el sector salud autorice el aborto aunque no haya denuncia de violación.