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La venta de automóviles en México enfrenta un panorama complicado, no solamente por la competencia entre marcas y los cambios en el mercado, sino también por nuevas disposiciones fiscales que podrían afectar la rentabilidad de los distribuidores.
Aunque las agencias comercializan vehículos de cientos de miles de pesos, sus ganancias suelen ser mucho menores de lo que aparentan. Esta situación ha encendido las alertas entre los empresarios del sector, quienes advierten sobre posibles consecuencias para sus establecimientos y trabajadores.
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De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), hasta tres de cada diez agencias asociadas podrían cerrar en México, debido a las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).
La estimación representa aproximadamente mil agencias automotrices y 70 mil empleos en riesgo, según Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo del organismo.
¿Por qué podrían cerrar las agencias de autos?
El problema se encuentra en una modificación fiscal que establece un límite del 96.6 por ciento para la deducción de determinados gastos de las empresas.
La medida fue planteada para combatir prácticas de evasión fiscal, como la utilización de facturas falsas. Sin embargo, los distribuidores consideran que también podría perjudicar a negocios que cumplen con sus obligaciones tributarias.
La AMDA explica que las agencias de automóviles operan con márgenes de utilidad antes de impuestos de apenas entre uno y tres por ciento de sus ventas.
Esto significa que, por cada 100 pesos que ingresan, una distribuidora puede obtener solamente entre uno y tres pesos de ganancia antes de pagar impuestos, una vez descontados los costos de los vehículos y su operación.
Con el nuevo límite fiscal, algunas empresas podrían terminar pagando impuestos calculados sobre ganancias superiores a las que realmente obtuvieron.
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El impuesto podría consumir sus ganancias
Para dimensionar el problema, la AMDA presentó estimaciones sobre el impacto de la reforma en los distribuidores.
Según sus cálculos, una agencia con una utilidad equivalente al dos por ciento de sus ventas podría enfrentar una tasa efectiva de ISR que pasaría del 30 al 50 por ciento.
En establecimientos con márgenes de apenas uno por ciento, la carga fiscal efectiva podría alcanzar el 100 por ciento de sus ganancias, mientras que para negocios con utilidades de 0.5 por ciento llegaría hasta el 200 por ciento.
Estas cifras no representan un incremento de la tasa general del ISR, sino el efecto que tendría la limitación de las deducciones sobre las utilidades reales, de acuerdo con el organismo empresarial.
¿Qué pasará con los 70 mil empleos?
La posible desaparición de aproximadamente mil establecimientos tendría consecuencias que irían más allá de la venta de vehículos.
Actualmente, la comercialización de automóviles nuevos genera alrededor de 180 mil empleos directos en México, incluyendo personal de ventas, administración, mantenimiento y servicios.
La AMDA calcula que unos 70 mil puestos de trabajo podrían verse comprometidos si las agencias afectadas no consiguen mantener sus operaciones.
Además, los cierres representarían una reducción en la recaudación de impuestos federales y locales vinculados con esta actividad económica.
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¿Qué están pidiendo al Gobierno de México?
Ante este escenario, la asociación solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum la emisión de un decreto que reconozca las características particulares del negocio automotriz.
El objetivo es establecer condiciones fiscales que permitan a las distribuidoras continuar operando sin enfrentar una carga tributaria desproporcionada respecto de sus ganancias.
Mientras tanto, las agencias deberán buscar alternativas para reducir costos, mejorar la administración de sus inventarios y fortalecer los ingresos provenientes de mantenimiento, reparaciones, seguros y financiamiento.
Por ahora, el cierre de tres de cada diez agencias es una advertencia del sector y no un hecho consumado. El futuro de estos establecimientos dependerá de las medidas fiscales que finalmente se apliquen y de la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas condiciones.