Buenas intenciones, resultados inciertos
Durante buena parte del siglo pasado, los tres órdenes de gobierno denominaron políticas sociales a programas asistencialistas que estaban enfocados a generar clientelas políticas. Podrían ser semillas o fertilizantes a campesinos en situación de pobreza que de otra manera no tendrían la posibilidad de obtenerlos o materiales de construcción para construir vivienda en zonas irregulares de alguna metrópoli. Condicionar la inclusión a programas sociales con la finalidad de presionar a los beneficiarios para obtener el voto de las personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad era un valor entendido en los programas previos a Progresa, que inició en 1997 con un enfoque mucho más riguroso para escoger a los beneficiarios del programa.
Sin embargo, a nivel local los estados y municipios implementan sus propios programas sociales para apoyar a las personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y lamentablemente en muchos casos la intención es la misma que en el pasado: generar clientelas que puedan marcar una diferencia en los resultados electorales.
Es tal la proliferación de programas sociales que implementan los tres niveles de gobierno que el CONEVAL los sitúa en más de 5,600 diseñados e implementados por los tres niveles de gobierno y en muchos casos se duplican los objetivos y seguramente en algunos casos también beneficiarios.
Es en esta coyuntura que en la Cámara de Diputados está sobre la mesa una propuesta por parte de Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, que busca eliminar los programas sociales de estados y municipios que tengan los mismos objetivos que los programas que instrumentará el ejecutivo federal.
Como toda propuesta que busca incidir en el gasto social, esta tiene diversos matices, algunos buenos y otros en los que debería existir más debate para clarificar sus alcances.
Entre las características deseables de una propuesta de este tipo es que busca evitar la duplicidad de programas sociales. De acuerdo al nivel de gobierno que se trate encontramos que se van degradando los niveles de rigor y transparencia en variables clave para asegurar que los programas tengan el mayor impacto posible. Por ejemplo, mientras a nivel federal está reglamentada la forma en que se eligen a los beneficiarios de los principales programas, en municipios en condiciones de marginación muchas veces la designación de beneficiarios corre a cargo de las mismas autoridades municipales.
Entre las cuestiones que habrá que debatir con mayor precisión es ver si el nuevo gobierno federal, en aras de conseguir fondos para cubrir las promesas de campaña, como las transferencias a personas de la tercera edad o a jóvenes que no estudian ni trabajan, está vulnerando la autonomía de estados y municipios, y en consecuencia, en ruta de colisión con los gobiernos estatales y municipales que ahora no dispondrán de esos recursos.
Twitter: @jesusmenav